Más que legítimo, es indispensable siempre ser muy cauto en lo que se refiere al destino de las empresas que son vitales para el crecimiento económico y, sobre todo, el desarrollo del país (ambas cosas no son idénticas). Especialmente cuando hay algunas cosas que no cuadran en una propuesta de acción legislativa en pro de una reforma del sector eléctrico que carece de la necesaria transparencia, lo cual incita a la desconfianza.

Por ejemplo, ¿sigue vigente el sistema imperante durante las presidencias de Salinas de Gortari y de Zedillo, cuando el ciudadano se enteraba por la prensa extranjera de las cosas importantes que sucederían en el país?

¿En qué filtraciones o informaciones fidedignas se basó la correduría estadunidense Merril Lynch (la cual debe informar correctamente a sus clientes y a los inversionistas) para sostener que el crecimiento del país -es decir, el abastecimiento en energía eléctrica a los grandes consumidores de la industria y de los servicios- será asegurado por empresas privadas (por supuesto, fundamentalmente extranjeras, al estilo de Enron) mientras el desarrollo, o sea, el subsidio al agro y al consumo doméstico, estaría a cargo del Estado?

Esa división entre la privatización de las ganancias y de las palancas del crecimiento económico, por un lado, y la socialización de los sectores que dan pérdida, por el otro, ¿figura realmente en el proyecto gubernamental? Ya que la reforma del sector presupone una reforma constitucional para privatizar un sector estratégico hoy público siguiendo el camino desastroso de las privatizaciones eléctricas en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú por no hablar del estado de California, víctima de Enron, que llegó a crear una escasez artificial de fluido para justificar aumentos en las tarifas, ¿no convendría averiguar mejor de dónde y de quiénes vendrían los capitales, o sea, el currículum de los eventuales "salvadores" que según todas las posibilidades podrían resultar aves de rapiña?

Según Merril Lynch, la industria eléctrica mexicana requeriría una inversión de 38 mil millones de dólares en 10 años. Ahora bien, ¿cuáles son las cifras oficiales al respecto? Y también, ¿por qué se afirma que el Estado carece de fondos cuando sólo el servicio de la deuda externa equivale a las necesidades anuales de una recapitalización masiva de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o, también, cuando el fisco dejó de percibir este año más de 36 mil millones de dólares porque sencillamente los bancos no pagan sus impuestos y el Estado concede alegremente créditos y estímulos fiscales a empresarios, que muchas veces son de trasnacionales?

¿Qué quiere decir además que se le dará a la CFE autonomía de gestión? ¿Que será una empresa regida por la ley de la ganancia, y no un servicio público con función de desarrollo y de fomento y, por lo tanto, deberá reducir su personal y cortar los servicios no lucrativos o aumentar las tarifas? ¿Qué presupone igualmente la propuesta de que esa misma CFE estará sometida a un régimen fiscal como el que tiene cualquier empresa productiva?, ¿que se le cobrarán rigurosamente, porque será paraoficial, los impuestos que los bancos y los "elefantes blancos" evaden?

¿No sería mejor discutir en el Congreso dónde y cómo encontrar los fondos para hacer que las empresas energéticas nacionales, fundamentales para defender el futuro del país, puedan modernizarse y recapitalizarse sin que por ello se lesione la soberanía nacional?