Gilberto López y Rivas
Estadísticas de la contrainsurgencia
Gracias al trabajo de Enlace Civil es posible documentar las condiciones de agresión, hostigamiento y desgaste contra las bases de apoyo y comunidades zapatistas que permiten inferir la continuidad de la guerra de contrainsurgencia de Vicente Fox en Chiapas. Al sistematizar la información contenida en los comunicados de prensa que esta organización ha difundido este año, encontramos que los resultados que arroja este análisis son de suma importancia para todos aquellos interesados en conocer cuál es la situación actual de las llamadas regiones de conflicto.
De enero a julio de 2002, Enlace Civil ha difundido 92 comunicados sobre diversas acciones de contrainsurgencia. De estas tenemos 4 en enero (4.35 por ciento), 12 en febrero (13.04 por ciento), 19 en marzo (20.64 por ciento), 16 en abril (17.4 por ciento) 17 en mayo (18.48 por ciento), 14 en junio (15.22 por ciento) y 10 en julio (10.87 por ciento).
En esas mismas fechas se han reportado denuncias de actividad contrainsurgente en 30 municipios, comunidades o parajes no identificados, que incluyen municipios autónomos y oficiales: Ricardo Flores Magón 10; El Trabajo 8; San Manuel, Primero de Enero, Francisco Gómez, Huitiupán y 17 de Noviembre con 6. Existen otros lugares que reportan actividades antizapatistas: Citala, Miguel Hidalgo, Salto de Agua y Vicente Guerrero 2; Ernesto Che Guevara, Olga Isabel, Palenque, San Pedro Polhó y Tierra y Libertad con 3; San Pedro Michoacán y Tila con 4 denuncias, en tanto con una denuncia están Altamirano, Emiliano Zapata, Francisco Villa, La Paz, Lucio Cabañas, Ocosingo, Sabanilla, San Cristóbal de las Casas, San Gerónimo Tulijá, San Juan de la Libertad, Socoltenango y Teopisca.
En 57 por ciento de los casos, los denunciantes fueron las propias autoridades de los municipios autónomos, lo cual tiene un significado especial dada la idea manejada como arma de contrainsurgencia en torno "al silencio de los zapatistas". Un 20 por ciento de los denunciantes fue la Red de Defensores Comunitarios de los Derechos Humanos. Las propias bases de apoyo zapatistas denunciaron en 11 por ciento de los comunicados, los Observadores por la Paz 1 por ciento. Otras organizaciones o individuos 8 por ciento, mientras Enlace Civil realizó el restante porcentaje de las denuncias.
No sólo las instituciones públicas fueron identificadas como agentes de la contrainsurgencia. En esta estrategia también participan firmas empresariales y paraestatales, particulares, así como antiguos aliados del zapatismo, como Orcao y organizaciones aliadas al gobernador del estado o filoperredistas, que ahora juegan su papel en el continuismo contrainsurgente foxista. De tal manera, los militares aparecen como responsables de los casos denunciados en 15 por ciento; los paramilitares (que tampoco existen a los ojos de Fox, la Cocopa y la PGR) en 14 por ciento; las autoridades estatales en 14 por ciento; las fuerzas policiacas de los diferentes ámbitos del gobierno y las organizaciones priístas fueron identificadas, cada una de ellas, en 12 por ciento de los casos; las organizaciones cercanas al PRD en 10 por ciento; otras autoridades federales en 7 por ciento; las municipales en 6 por ciento. La Comisión Federal de Electricidad actuó en 3 por ciento de los casos; grupos religiosos en 2 por ciento, las diferentes alas de la ARIC en otro 2 por ciento; particulares en 2 por ciento y el restante 1 por ciento Telmex.
En este recorrido estadístico de la contrainsurgencia, sólo a partir de una fuente de denuncias y el breve periodo de este primer semestre del año tenemos 22 categorías de acciones agresivas o de hostigamiento. La más sobresaliente fue la que se agrupó bajo el rubro "intimidación y/o acción militar y/o paramilitar, en el cual englobamos patrullajes, disparos al aire, ostentación agresiva de armamento, vuelos rasantes y otras actividades militares que resultaron inaceptables para las comunidades. Este apartado arrojó 25 por ciento de los casos. Los intentos de desalojo sumaron 9 por ciento del total. Las acusaciones infundadas, provocaciones directas y amenazas a los pobladores zapatistas sumaron 25 por ciento. Las violencias físicas, que incluyen golpeados o heridos, dieron 7 por ciento del universo reseñado. Los cortes de luz 5 por ciento; las detenciones arbitrarias 4 por ciento, mientras en 2 por ciento se trató de instalación de retenes, plantación subrepticia de mariguana en áreas de control zapatista, enfrentamientos religiosos, rechazos a obras gubernamentales no consultadas con las comunidades, saqueos de madera, procesos judiciales irregulares e invasión de tierras. Representaron cada una de las siguientes categorías 1 por ciento: falsificación de documentos, extorsión, usurpación de funciones ejidales, cooptación de organizaciones, retornos forzados, tortura, robo y maltrato a presos.
Los datos hablan de una realidad aterradora que el gobierno del cambio pretende ocultar. Sin contar con los rumores sobre las supuestas divisiones de los zapatistas y sobre todo tipo de contingencias por las que atraviesan sus dirigentes, que también forman parte del esquema de la guerra. La contrainsurgencia se mueve en las tinieblas de la impunidad y con la complicidad de los poderosos, mientras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se analizan las controversias constitucionales. Paralelamente en Oaxaca se reprime y desmantela la radio comunitaria del pueblo mixe. Esta es la política real del Estado mexicano en materia indígena.
