Bajo el estado de excepción, el gobierno planea interceptar llamadas por celulares

Condicionan paramilitares su desmovilización al inicio de un "proceso de paz serio" en Colombia

Combates entre ultraderechistas y las FARC provocan seis civiles muertos el fin de semana

REUTERS, DPA Y AFP

Santafe de Bogota, 13 de agosto. Los grupos paramilitares de Colombia condicionaron este martes una eventual desmolivización al inicio de un proceso serio de paz entre el gobierno del presidente Alvaro Uribe y los movimientos guerrilleros.

El gobierno, por otra parte, aprovechando las facultades que le confiere el estado de excepción, planea interceptar llamadas de teléfonos celulares sin orden judicial previa, para prevenir atentados rebeldes y paramilitares, aunque aclaró que ello no derivará en un espionaje masivo contra los ciudadanos.

El vicepresidente de la República, Francisco Santos, informó que las fuerzas de seguridad interceptarán las comunicaciones de esos teléfonos principalmente desde las cárceles, "desde donde salen las órdenes para cometer secuestros y ataques terroristas".

Explicó que se trata de mejorar la lucha contra la delincuencia, y negó que esto pueda derivar en un sistema de escucha generalizado. "No habrá espionaje a los ciudadanos de bien. Habrá respeto al estado de derecho y a las garantías fundamentales", dijo.

La ministra de Comunicaciones, Martha Pinto, explicó que los equipos para intercerptar las llamadas serán instalados en la sede de la fiscalía en el oeste de Bogotá, cerca de la embajada de Estados Unidos, y que desde ahí se podrán localizar señales emitidas en cualquier parte de Colombia.

Las dos empresas operadoras de telefonía móvil en el país, Bellsouth y Concel, expresaron su disposición a cooperar con las autoridades para interceptar las llamadas, que será únicamente a los teléfonos celulares y no a los aparatos fijos.

Fuentes oficiales señalaron a la prensa que los guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), activaron mediante un teléfono móvil los explosivos que lanzaron el 7 de agosto contra el Palacio de Gobierno en el centro de Bogotá mientras asumía el presidente Alvaro Uribe, que dejó 21 muertos y 50 heridos.

Tras estos atentados y posteriores actos de violencia que dejaron cerca de 100 muertos en diversas regiones del país, Uribe decretó la madrugada del lunes el estado de excepción, con el propósito de contener a la insurgencia y a los paramilitares.

En un comunicado, los paramilitares señalaron que "en el mismo momento en que la subversión terrorista convenza a los colombianos y a la comunidad internacional de que están comprometidos con un proceso serio, todas las autodefensas le daremos curso, en su momento, a nuestro proceso de reincersión".

La misiva fue suscrita por Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que reúne 70 por ciento de los efectivos de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia, que agrupaba a los paramilitares en una organización nacional.

"Que no se diga nunca entonces que las guerrillas no negocian por culpa nuestra, cuando ya les anunciamos que estamos dispuestos a respetar y facilitar un proceso de paz serio del gobierno con ellas. La guerrilla tiene la palabra. La elección entre la paz o la guerra está en sus manos", escribió Castaño.

El líder paramilitar añadió que como un aporte a la paz, los grupos de extrema derecha se disponen a "restructurar su organización a escala nacional bajo normas estrictas en cuanto a disciplina y fundamentos inviolables", y añadió que "o se renuncia a las prácticas del narcotráfico por quienes lo hacen bajo cualquier pretexto o se renuncia al carácter de autodefensas por parte de ellas".

La violencia, sin embargo, continúa en el país, y por los menos seis civiles muertos dejaron los combates que desde el pasado fin de semana libran los rebeldes de las FARC con los grupos paramilitares en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia.

Dos guerrilleros de las FARC murieron y cinco más fueron detenidos en operaciones de las fuerzas militares en otras regiones de Colombia, y un civil perdió la vida durante un ataque de militantes de ese grupo rebelde en la población de Sotomayor, en Nariño.

En ese mismo departamento, el defensor del pueblo, César Ordoñez, fue asesinado en la ciudad de Pasto por hombres sin identificar, tras haber permanecido secuestrado por varias horas, en tanto que el ex gobernador de Arauca Héctor Gallardo fue secuestrado en territorio venezolano por tres encapuchados, informó el director de la policía secreta en ese departamento, José Muñoz.