El secretario de Estado, Colin Powell, afirmó ayer que Washington no quiere "presionar" a otros países para obtener acuerdos que permitan a los ciudadanos estadunidenses evitar eventuales juicios en la Corte Penal Internacional (CPI), pero al mismo tiempo recordó que su país cuenta con una ley que permite cortar la ayuda militar a las naciones que no acepten esos acuerdos.

"No queremos presionar o amenazar a nuestros amigos", dijo Powell, quien aseguró que el gobierno del presidente George W, Bush busca en principio ne-gociar el tema en el marco del artículo 98 de la CPI, que autoriza la derogación de juicios ante la corte en caso de acuerdo bilateral entre dos países.

Estados Unidos no ratificó el tratado que instituye la CPI, al considerar que se trata de una institución que podría ser utilizada contra los militares estadunidenses que participan en operaciones en el exterior. Hasta el momento, Israel y Rumania firmaron acuerdos de derogación con Washington, mientras que la resolución 1422 emitida el año pasado en Naciones Unidas otorgó inmunidad por un año ante la CPI a los estadunidenses que participen en operaciones de mantenimiento de paz.

La Unión Europea ha advertido ya a una decena de países candidatos a integrarse a ella contra toda tentativa de seguir el ejemplo de Rumania, advertencia que fue calificada como "inapropiada" por el portavoz adjunto del De-partamento de Estado, Philip Reeker.

Por su parte, Human Rights Watch anunció que pidió a todos los países signatarios del tratado que crea la CPI que resistan "el último chantaje" de Bush. "Es muy poco creíble que esta administración, mientras lucha contra el terrorismo mundial, cuestione las relaciones militares que mantiene a través del planeta, por la única e improbable posibilidad de que un ciudadano estadunidense pueda ser objeto de procesos judiciales infundados", escribió Kenneth Roth, director del organismo con sede en Nueva York. AFP