En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en Oaxaca, uno de los estados con mayor proporción de indígenas en relación con su población total, el presidente Vicente Fox Quesada ofreció aumentar el magro presupuesto que se destina a los pueblos originarios (unos 80 pesos por mes y por cabeza) y, sobre todo, romper con la tradición paternalista y autoritaria que, desde siempre, ha caracterizado las relaciones entre el poder y las comunidades indias.

La declaración presidencial es loable y es de esperar que se pueda llegar a hacerla realidad, ya que los pueblos indígenas de todo el país son marginados, discriminados, excluidos, y la aprobación de la llamada contraley indígena, en vez de la ley Cocopa, hizo aún más evidente la intolerable situación en que son mantenidos, desde la Conquista con casi 15 por ciento de los mexicanos.

A este respecto, si las comunidades ganasen la controversia constitucional iniciada contra la inicua ley indígena aprobada por el Congreso federal, el Poder Ejecutivo no tendría, en efecto, otra opción que comenzar a modificar la tradicional posición "paternalista y autoritaria" que acaba de denunciar el Presidente de la República, y que, en un ejemplo típico de dualidad del discurso oficial, intenta mantener el representante legal del Ejecutivo, Juan de Dios Castro, al pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que falle contra los pueblos, comunidades y municipios indios que exigen se invalide la legislación aprobada.

Sin embargo, para que, en las palabras de Miguel León--Portilla, "los pueblos indígenas se fortalezcan, consigan sus demandas, se les preste atención, y con la riqueza de sus lenguas y culturas contribuyan a su propio bienestar y al de México", hay que vencer obstáculos muy grandes. El tradicional racismo, en efecto, se refuerza con un tipo de mundialización que los considera sobrantes y el sesgo antiagrario está siendo potenciado por la introducción subsidiada de cereales básicos estadunidenses y por el control monopólico de los precios de las materias primas, como el café, que siembran cientos de miles de pequeños productores campesinos indígenas.

De modo que a la exclusión étnica de éstos se une la destrucción veloz de sus comunidades, territorio, cultura, identidad y modo de vida por el impacto terrible del mercado (o sea, de la acción de las transnacionales de la agricultura que imponen su maíz transgénico desarraigando a los campesinos maiceros, o importan café en polvo de pésima calidad forzando la emigración de comunidades enteras).

La combinación entre el problema agrario (los indígenas son campesinos pobres con tierra mala o incluso sin ella) y el problema étnico-social resulta así una mezcla sumamente explosiva, sobre todo cuando la situación de los pequeños campesinos indígenas es desastrosa, la emigración es una sangría para el país de sus elementos más jóvenes y enérgicos y, además, da un impulso terrible a la descertificación, y cuando la violencia aumenta y Chiapas sigue siendo una bomba de tiempo.

Por eso, si se quiere acabar con el paternalismo y el autoritarismo hay que discutir con las organizaciones campesinas indígenas no sólo la concesión de los derechos que ellas reclaman, sino también cómo apoyar a los campesinos para realizar el blindaje agroalimentario anunciado como respuesta parcial a la política estadunidense que acabará de destruir el campo mexicano. Es fundamental que los indígenas, esos olvidados en toda América Latina, no sean recordados sólo en un día internacional sino permanentemente, en las políticas estatales elaboradas con ellos, y no desde arriba, para ellos y aún menos contra ellos.