Los asesinatos evidencian la falta de capacidad de las autoridades, dice Emilio Ulloa

Alcalde de Nezahualcóyotl exige información a la PGR sobre la lista negra en la que aparece

RENE RAMON Y GEORGINA SALDIERNA CORRESPONSAL Y REPORTERA

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, estado de México, Héctor Bautista López, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que le informe sobre las investigaciones que se siguen contra la banda de sicarios que fueron contratados presuntamente por líderes del supuesto cártel de Tepito, y que ya ejecutaron a cuatro de siete personas que aparecen en una lista negra en la que también se encuentra el alcalde.

Por su parte, entrevistado en la ciudad de México, el diputado federal perredista Emilio Ulloa pidió al secretario de la Defensa y a los procuradores federal y del estado de México, protección para los funcionarios de Nezahualcóyotl, debido a la amenaza de muerte que tienen por parte de una banda de narcotraficantes que opera en la región.

Entrevistado luego de rendir su segundo informe de labores, el alcalde de Nezahualcóyotl dijo que está preocupado y asustado "porque me han cambiado la vida. Como no tengo información de la PGR sobre qué es lo que está pasando con la lista de las ejecuciones que se ha hecho pública y ya soy el próximo, he decidido armarme" -y empuñó un machete de plástico- "porque parece que es el único recurso que tienen los mexicanos para defenderse hoy día", añadió.

Reiteró que él como presidente municipal pone su vida en manos de la PGR "porque no voy a utilizar métodos que pudieran hacer que incurra en la ilegalidad. Voy a seguir mi vida normal, hasta donde se pueda, porque ni yo ni la ciudadanía podemos estar armados".

Cabe recordar que luego de que Guillermo Robles Liceaga, ex director de Operaciones Mixtas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, fue ejecutado el primero de mayo pasado sobre el Circuito Interior, se detuvo a uno de los presuntos ejecutores, de nombre Esteban Galindo Buenrostro, quien entre sus ropas portaba una lista con siete personas, entre jefes policiacos y el presidente municipal.

En esa lista aparecía Mario Roldán Quirino, quien fuera director de Asuntos Especiales y Relevantes de la PGR, asesinado el 20 de febrero y quien junto con Robles Liceaga investigó en el 2001, en el municipio de Nezahualcóyotl, la presunta existencia de un cártel de traficantes de droga que operaba en la zona oriente del estado de México y la delegación Iztapalapa.

Los otros dos ejecutados son Nicólas Humberto del Aguila Jiménez, agente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud y colaborador de Roldán Quirino, cuyo cuerpo fue encontrado atrás del aeropuerto internacional de la ciudad de México el pasado 14 de junio. Hace apenas tres días fue acribillado Jorge Fernández Vázquez, comandante de operaciones de la Policía Auxiliar capitalina, quien recibió 14 impactos a las afueras de su casa, en la colonia Narvarte.

De la lista, sólo quedan vivos Federico Piña, coordinador de Seguridad Pública en la delegación Iztapalapa, quien resultó ileso en un atentado, así como el alcalde Héctor Bautista López y su director de Seguridad Pública local, Carlos Ernesto García García.

Emilio Ulloa refirió que el ataque a los funcionarios se debe a los golpes que han dado a la banda de narcotraficantes que opera en Nezahualcóyotl, en coordinación con grupos de la ciudad de México.

En sendas cartas que envió al secretario de la Defensa y a los procuradores, el legislador apunta que los asesinatos ocurridos evidencian la limitada capacidad de las autoridades para combatir de manera eficaz a la delincuencia organizada que, con esos actos criminales, demuestra que puede actuar impunemente.

Luego de manifestar su preocupación por los hechos, pidió a los funcionarios que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, procedan a intervenir, para someter al imperio de la ley, al crimen organizado que agobia a la población.