Se negaron a devolver indemnizaciones irregulares, informó la contraloría estatal
Inhabilitan para trabajar en oficinas de gobierno a 21 ex servidores públicos de Baja California
JORGE CORNEJO Y PEDRO JUAREZ CORRESPONSALES
La Contraloría de Baja California inhabilitó para trabajar en oficinas de gobierno a 21 ex servidores públicos que se negaron a devolver el monto de las indemnizaciones irregulares que recibieron al final de la administración encabezada por el panista Alejandro González Alcocer.
El contralor José Cervantes Govea dijo que algunos de los inhabilitados trabajan en gobiernos municipales, por lo que se pedirá a los ayuntamientos que procedan a despedirlos.
Sin embargo, se negó a otorgar la lista de los ex empleados públicos que se vieron beneficiados con un "error de cálculo" al final de la pasada administración estatal, pero que no reportaron el incidente.
Al respecto, el gobernador Eugenio Elorduy Walther indicó que no se darán a conocer los nombres de los involucrados, porque se les está dando la oportunidad de que recapaciten y, en los casos que consideren necesario, defiendan su posición por la vía jurídica.
Descartó que se trate de un asunto de revanchismo político o que se quiera atacar deliberadamente a grupos al interior del PAN ante la proximidad de los periodos de elección de candidatos de ese partido al Congreso federal.
Una revisión de los gastos efectuados por la pasada administración detectó la anomalía y se solicitó a los ex servidores públicos que restituyeran al erario lo que habían recibido de más. Algunos aceptaron devolverlo y hubo quienes tras informar que ya no contaban con el capital, firmaron convenios para restituir el dinero en pagos periódicos al gobierno estatal. Al resto que se negó a hacerlo, se le inició el procedimiento actual.
Libre, ex funcionario de Baja California Sur
Una juez penal dictó auto de formal libertad al director de Obras Públicas del sexenio pasado en Baja California Sur, Román Pozo Juárez, quien fue demandado por el gobierno de Leonel Cota Montaño, por los delitos de peculado en autoría y
participación.
Luego de recibir la notificación, el ex funcionario informó que continúa la demanda penal que interpuso ante el Ministerio Público de la Federación contra la misma juez que le dictó la libertad, Rosalía Cota Domínguez, por supuestas violaciones a sus garantías constitucionales que se dieron en su proceso.
De acuerdo con el expediente 00139/2002, Román Pozo Juárez fue acusado por conducto de la fiscalía especial que encabeza Valentín Moreno Soria, por los delitos de peculado, por haber donado un inmueble del gobierno al Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada, cuando fungía como director de Obras Públicas en el sexenio de Guillermo Mercado Romero, quien también enfrenta un proceso penal por el delito de peculado, por 518 millones de pesos.
