Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 10 de agosto de 2002
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Política

Arturo Alcalde Justiniani

Reforma laboral frustrada

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social decidió excluir las propuestas del sindicalismo democrático y la participación de la Unión Nacional de Trabajadores en las negociaciones de la reforma laboral. Optó finalmente por someterse a las propuestas del viejo corporativismo y de los abogados de un sector del empresariado. Esta es una decisión trascendente porque cancela la posibilidad de avanzar hacia la democratización, limpieza y modernización del mundo del trabajo. Este nuevo proyecto de Ley Federal del Trabajo se caracteriza por tres tipos de cambios: reformas cosméticas, que sin tener trascendencia efectiva en las relaciones laborales buscan dar la impresión de un avance. Dentro de ellas se ubican el cambio de denominación de patrón por empleador, las definiciones sobre discriminación y hostigamiento, así como la supuesta incorporación del sistema de educación nacional a la capacitación y el adiestramiento. Estas y otras definiciones son insustanciales en la medida en que carecen de mecanismos de cumplimiento y de aplicación práctica, incrementando la letra muerta de muchas otras, que se contienen en la ley o en otros ordenamientos jurídicos. Es finalmente el caparazón de la iniciativa para mejorar su apariencia.

Un segundo paquete de artículos están orientados a la flexibilidad unilateral fijada por el patrón, como la acumulación de jornadas mediante la creación de bancos de horas, la posibilidad de imponer a los trabajadores obligaciones laborales distintas o la dispensa a las empresas menores de 21 trabajadores de sus obligaciones en materia de capacitación y prevención de accidentes (95 por ciento de las existentes). Estas disposiciones, si no van acompañadas de mecanismos de bilateralidad o acuerdo colectivo, en la práctica se tornan medios de precariedad laboral.

Un tercer paquete de artículos, que integran la mayoría de este proyecto, sólo reproducen el apartado procesal que el ex presidente Zedillo intentó establecer al final de su sexenio y que en su momento motivó un gran rechazo. Hoy la actual administración lo hace suyo, con la aprobación de los mismos personajes de antaño. Es aquí donde se ubica la parte más lesiva de la propuesta de reforma laboral, en la medida en que restringe en grado extremo los derechos colectivos de los trabajadores, ahogando la posibilidad de una concertación legítima. En efecto, bajo la vieja argucia de acreditar legitimidad previa, se impone a los trabajadores que pretendan lograr la protección de un contrato colectivo, o el cambio de sindicato, el cumplimiento de un conjunto de requisitos imposibles de cubrir en la práctica, tales como nombres, firmas e incluso los padrones de socios autorizados por la propia autoridad registral; si no se cumplen estos requisitos, a juicio del tribunal laboral, no se le dará trámite alguno.

La experiencia cotidiana ha demostrado, sobre todo en materia local, que las juntas de conciliación y arbitraje imponen esta clase de obstáculos, aun a pesar de no estar contenidos en la ley actual, para impedir que los trabajadores ejerciten sus derechos en esta materia, precisamente porque dichas juntas son juez y parte, al estar integradas mayoritariamente por la representación patronal y de los sindicatos comúnmente rechazados. Obviamente lo único que se provoca es el despido y la represión de los trabajadores. Ahora se pretende de manera más endurecida que estas prácticas adquieran carácter de ley. Como premio de consolación, la propuesta establece que quienes lleguen a cubrir estos requisitos tendrán derecho a un recuento secreto; muy pocos podrán llegar a esta posibilidad, por lo que el tan anhelado voto secreto se convierte en una simulación más.

El sindicalismo democrático del país y muchos sectores de la sociedad han planteado la necesidad de fortalecer la negociación auténtica, entre representantes legítimos, como fuente generadora de convenios que beneficien tanto a los trabajadores como a las empresas, tal como sucede en los países más desarrollados del mundo. Para ello se ha formulado una serie de propuestas que tienden a suprimir las ataduras que hoy ahogan a la libre expresión obrera y a dar transparencia a los contratos colectivos, para que éstos sean producto de una concertación con los verdaderos trabajadores y no con vividores que lucran a sus costillas. Entre dichas propuestas se distingue la creación de un Registro Público de Asociaciones y Contratos Colectivos de Trabajo, organismo autónomo que daría transparencia y publicidad a los contratos colectivos y al régimen de los sindicatos, incluyendo el financiero. Este registro sería el medio para constatar neutralmente, y bajo criterios profesionales, la voluntad de los trabajadores, e incluso las mayorías en caso de controversia.

Un sector del empresariado está de acuerdo con dicha propuesta, consciente de que la simulación y la corrupción vigentes son perjudiciales para una inversión estable y segura; saben que sólo con sindicatos legítimos y contratos colectivos transparentes se lograrán acuerdos altamente productivos que adecuen las condiciones de trabajo a las necesidades específicas de las diferentes ramas industriales y centros laborales. En lugar de este registro público, la propuesta que se negocia en secreto dentro la Secretaría del Trabajo sugiere otra medida cosmética: crear un Registro Público Nacional de Sindicatos, Federaciones y Confederaciones, que no es autónomo, que carece de facultades para certificar voluntades obreras y que ni siquiera incluye el acceso a la información de los contratos colectivos, cuyo carácter secreto es la fuente del contratismo de protección patronal, mal endémico de nuestro sistema laboral.

El equivocado rumbo de la reforma laboral sobre la base de la exclusión es mala noticia para un país que necesita transitar hacia nuevos rumbos. La desesperación gubernamental por avanzar hacia cualquier reforma, la ignorancia sobre la realidad laboral y la reciente decisión de jugársela con el viejo sistema, están ahogando esta urgente necesidad de cambio. Aún es tiempo de un viraje. A nadie conviene el fracaso de esta oportunidad.

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