Aseguran que hay contradicciones gubernamentales

Prevén fallos de SCJN contra la ley indígena la próxima semana

ANDREA BECERRIL

3Las contradicciones en que incurrieron representantes gubernamentales y la última postura de la Procuraduría General de la República (PGR) -cercana a los planteamiento de los demandantes- sobre las controversias constitucionales en contra de la reforma indígena mantienen optimistas a quienes interpusieron los procesos, de que habrá un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se invalidará el proceso legislativo.

"Hemos tenido información en el sentido de que es muy probable que la próxima semana saldrán los primeras resoluciones, y creemos que vamos a ganar, porque con argumentos jurídicos probamos que tenemos la razón y debe legislarse de nueva cuenta en torno a los derechos de los pueblos indígenas", sostuvo el abogado Francisco López Bárcenas.

Representante legal del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, uno de los que presentaron controversia constitucional, López Bárcenas dijo que dentro del proceso que se ha seguido le ha llamado la atención que no haya una postura única de los representantes del gobierno, ya que la consejería jurídica de la Presidencia de la República, por medio de Juan de Dios Castro, pidió que se mantenga firme la reforma indígena, pese a que Fox se comprometió a aceptar la resolución de la Corte.

Otro aspecto que sorprende, agregó, son las posiciones encontradas de la PGR, "dependencia que es parte de las controversias y que en un principio coincidió con la postura de Juan de Dios Castro, pero en fechas recientes, en el periodo de desahogo de pruebas, hace un análisis que coincide con los nuestros y en parte está diciendo que tenemos la razón".

De hecho el procurador Rafael Macedo de la Concha, en un escrito del 4 de junio pasado, dirigido al ministro instructor, Juan N. Silva Nieto, externó un criterio opuesto a que la Suprema Corte desechara, por improcedente, la controversia constitucional interpuesta por el síndico procurador de Tlaxiaco, como lo solicitaron las cámaras de Senadores y de Diputados y algunas legislaturas locales.

Estos últimos argumentaron que el síndico "no cuenta con la debida legitimación en la causa para comparecer en representación de los intereses particulares de los pueblos indígenas". Además de que la regularización de los derechos inherentes a los pueblos indios es competencia del Congreso de la Unión y no de los estados o municipios.

El Senado incluso "no reconoce legitimación alguna a las congregaciones integradas por grupos indígenas". Ante ello, en su alegato ante la Corte, el síndico procurador de Tlaxiaco, Gerardo Jesús Cortez Cruz, hizo notar que tales interpretaciones no tienen sustento jurídico.

Sobre esa discusión entre quienes interpusieron la controversia para dejar sin efecto las reformas constitucionales en materia indígena y los representantes del Congreso de la Unión y las legislaturas locales, la postura del procurador Macedo de la Concha se inclinó hacia los demandantes.

En su primer escrito del 25 de abril, el titular de la PGR consideró que la controversia "fue presentada en tiempo y forma por la persona legitimada". Después, en el documento del 4 de junio pasado, difirió de manera contundente de los señalamientos del Poder Legistivo y señaló que, "independientemente de que en el caso concreto se actualice o no una afectación directa de la esfera de competencias del municipio actor, lo cual es una cuestión cuyo estudio y resolución pertenecen a la sentencia que se dicte en el fondo del asunto y, por tanto, no es un argumento en el que pueda sustentarse una declaración de improcedencia".

Lo cierto, resalta la PGR, "es que contrariamente a lo afirmado por los demandados, la parte actora en la presente controversia constitucional sí tiene el interés jurídico para promoverla".

Al respecto, el abogado López Bárcenas dijo que evidentemente la PGR modificó su postura inicial y los argumentos finales "son muchos para que se falle a favor, por eso decimos que podemos ganar".

Sin embargo, hizo notar que el municipio de Tlaxiaco fue el único entre todos los que interpusieron controversias constitucionales -unos 330- que demandó algo adicional: que la Corte señale si el Presidente violó la Constitución al no cumplir con sus compromisos internacionales, en especial el Convenio 169 de la OIT.

La Corte no acordó nada sobre ese punto, pero en todos los demás sí, "y nosotros esperamos un fallo favorable para que se reponga el procedimiento y se vuelva a legislar, esta vez en beneficio de los más de 10 millones de indígenas del país", señaló.