Alerta el PRD sobre argucias para privatizar la electricidad

RENATO DAVALOS

Frente a la amenaza del secretario de Energía, Ernesto Martens, en el sentido de que en el futuro México será un país "a media luz", el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) expuso que las privatizaciones han demostrado que sólo profundizan la desigualdad. "A mayor precio de tarifas, menor consumo en grandes sectores", señaló.

A su vez, la profesora Ifigenia Martínez, integrante del Consejo Político Consultivo del PRD, planteó que su partido está en favor de la participación empresarial en el sector, pero de forma acotada. "Tenemos que ser cuidadosos de que no prosperen argucias jurídicas para introducir cambios constitucionales", dijo.

En el segundo y último día de trabajos del foro sobre la reforma eléctrica, convocado por el PRD, analistas privados aseguraron que hay una proyección equivocada del gobierno acerca de los recursos que requerirá el sector en la próxima década. La estimación se dispara por la consideración de una creciente inversión privada, afirmó José Luis Apodaca, de la Mesa Ciudadana de Observación de la Energía. Citó que no es cierto que el sector requiera 319 mil millones de pesos en los próximos 10 años, sino sólo 140 mil millones, a partir de las propias cifras de financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad.

A su vez, Francisco Abundis, director de la empresa Parametría, mencionó que una encuesta que se hizo en junio pasado reveló que 64 por ciento de la población rechaza la privatización del sector eléctrico y 51 por ciento declaró que esa condición sería perjudicial para el país.

La voz de los trabajadores del SME fue llevada al foro por Ramón Félix Pacheco. El dirigente relató la estrategia gubernamental de hace casi 30 años en torno a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En 1974 se anunció su liquidación y fue en 1976 cuando se construyó la última planta. No se ha invertido en ese periodo ni un centavo para generar electricidad.

Pese a las denuncias hechas, nada se ha hecho para resolver la pérdida de 25 por ciento de la energía por "fraudes" que se cometen en la zona. Equivale, precisó, a un millón de los 5 millones de usuarios y a unos 4 mil millones de pesos, es decir, casi un tercio de las transferencias del gobierno. "No cederemos a chantajes y presiones que pretenden privatizar el sector por un puñado de dólares", añadió.

Por su parte, la ex senadora Ifigenia Martínez aludió a las cifras engañosas que pretende utilizar el gobierno como argumento privatizador. En el país los grandes consumidores de energía trabajan con la cuarta tarifa más baja del mundo.

Las proyecciones oficiales están hechas con base en fuentes de energía como el gas, que elevan la estimación e incluyen además la participación anticipada de los particulares en todo el proceso.

También hay una pretensión del gobierno que confía ciegamente en el mercado, cuando éste ha demostrado sus efectos devastadores, como con el sector agropecuario, especificó. La participación privada, resumió, puede darse sin enmiendas constitucionales. Fácilmente puede crecer la relación entre inversión y las compras de equipo que requiere la comisión.

Por la tarde, Rubén Flores García, de la Comisión Reguladora de Energía, planteó que no habrá éxito en ninguna reforma en este sector mientras no se cuente con un marco regulatorio adecuado y con una competencia en este ámbito. Las empresas mexicanas no pueden estar en desventaja respecto de sus competidores.

Admitió que la modernización no pasa necesariamente por la privatización, aunque dijo que las experiencias en este sentido en Inglaterra y Argentina permitieron una reducción tarifaria de casi un tercio.

A su vez, José Manuel Muñoz, de la Mesa Ciudadana de Observación de la Energía, dijo que no debe desmantelarse un sistema como el eléctrico "sólo para vernos modernos o para ceder a las presiones". Los precios tarifarios en las experiencias inglesa y argentina, refutó a Flores García, se explican a partir de niveles iniciales muy elevados.