El jueves pasado, la Organización de Naciones Unidas (ONU) divulgó, por fin, el esperado informe sobre las atrocidades cometidas en abril pasado por el gobierno de Israel en el campo de refugiados palestinos de Jenin y contra la población civil de esa localidad. Para consternación e indignación de los defensores de derechos humanos de todo el mundo, el documento resultó ser una maniobra de encubrimiento del gobierno de Ariel Sharon y de las tropas israelíes que asesinaron a civiles indefensos y un señalamiento light sobre violaciones menores a los derechos humanos.

Entre el 3 y el 18 de abril, organizaciones oficiales y civiles palestinas alertaron sobre los asesinatos en masa que las tropas de ocupación realizaban en Jenin y en otras localidades cisjordanas; tales denuncias fueron plenamente corroboradas por los medios informativos internacionales, los cuales ofrecieron incontables testimonios textuales, gráficos y videograbados sobre la gravísima destrucción de vidas y de bienes que las fuerzas armadas israelíes estaban efectuando, con el empleo de aviación y artillería pesada en contra de un puñado de combatientes armados, en el mejor de los casos, con fusiles, pero, sobre todo, contra habitantes inermes: mujeres, ancianos y niños, en su mayoría.

El régimen de Sharon impidió el acceso al lugar de los hechos a los informadores y a los observadores de la ONU, pero las dimensiones y la flagrancia de sus acciones genocidas fueron tales que cualquier persona de buena voluntad en el mundo, con un mínimo acceso a los medios informativos, pudo seguir los episodios y detalles de la masacre. Los únicos que no quisieron enterarse de la barbarie israelí fueron el gobierno de Estados Unidos y, por lo que puede verse, la Organización de Naciones Unidas.

El informe divulgado el jueves es, como lo señaló Human Rights Watch, "claramente parcial", es decir, toma partido por el gobierno de Sharon y por sus beatíficas e idílicas versiones del accionar de su propio ejército en las tierras ocupadas palestinas.

Por añadidura, el documento representa una maniobra para repartir la responsabilidad de los crímenes de guerra perpetrados en Jenin a partes iguales entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP), como si se tratara de gobiernos en igualdad de circunstancias. La ONU, por lo visto, no ha entendido que la ANP ha quedado reducida a la total impotencia e inoperancia y que es, desde todo punto de vista, disparatado el tratar de compararla con un gobierno establecido, dueño de una maquinaria de guerra masiva, cara y sofisticada estadunidense, en su mayor parte, y de enormes medios económicos, políticos y propagandísticos.

Lo más grave del informe de la ONU es que crea circunstancias propicias para que Ariel Sharon, con el respaldo incondicional de Estados Unidos, prosiga su carrera genocida y se sienta con la confianza y la impunidad para, cuando lo considere pertinente, borrar del mapa otros barrios y pueblos palestinos, con sus casas y sus habitantes, como lo hizo en Jenin. Por eso, entre las numerosas bajas que han quedado bajo las ruinas de ese pueblo palestino, deben contarse, también, la credibilidad, la moral y el prestigio de la Organización de Naciones Unidas.

Las soluciones a un conflicto no eliminan a las fuerzas que se enfrentaron ni el deseo de modificar lo resuelto cambiando las relaciones de fuerza. Y las conquistas jurídicas, por importantes que sean desde el punto de vista de la legitimación de quienes las logran, dependen de una relación de fuerzas favorable, que hay que afirmar, sostener, preservar.

Decimos esto porque los ejidatarios a quienes hace 50 años se les expropiaron tierras para construir el aeropuerto Benito Juárez aún esperan el pago total, porque no pudieron, como los de la zona del ex lago de Texcoco, y principalmente los de San Salvador Atenco, hacerse oír. Y también por las voces que desde diversos sectores de la derecha social y política se alzan contra la juiciosa y justa decisión del presidente Vicente Fox de anular las expropiaciones en Atenco y el proyecto de aeropuerto resistido por los ejidatarios, para tratar de preservar la paz social, oponiéndose a los poderosos intereses creados que habían impuesto antes el mencionado proyecto.

El presidente panista de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, por ejemplo, finge ignorar la cancelación del proyecto de aeropuerto en Texcoco y sostiene que el mismo podría mantenerse y ajustarse. El gobernador priísta del estado de México, Arturo Montiel, lamenta la determinación de Fox, con la que no está de acuerdo, se queja por no haber sido consultado y, herido al ver esfumarse un negocio de 2 mil millones de dólares, recuerda que 40 por ciento de esa inversión ya estaba comprometido, pero no tiene memoria para pensar en las víctimas de la represión o en la omisión de toda consulta previa a los ejidatarios, ni posee capacidad política para prever las posibles consecuencias de la represión masiva en Atenco, o sea, de la única alternativa a la decisión del presidente Fox.

En el mismo orden se destaca el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y dice que la decisión de Fox atenta contra "el estado de derecho" y la base de la "convivencia civilizada". Por consiguiente, para el CCE el estado de derecho no habría sido vulnerado al expropiar sin poder probar ante la justicia ningún motivo de utilidad pública (el Estado estaba por perder su proceso en la Suprema Corte de Justicia por esa causa), ni al imponer a ciudadanos la expulsión de sus tierras ancestrales con una oferta miserable de improbable indemnización, ni por la represión que causó un muerto y varios heridos entre quienes defendían sus propiedades. Para el CCE, la decisión presidencial hará que los inversionistas perciban vulnerabilidad... o sea, que vean que no pueden hacer lo que quieran, violando las leyes e imponiendo su voluntad al gobierno y a la población.

Es evidente, por tanto, que quienes habían patrocinado el proyecto de aeropuerto en Texcoco no se dan por vencidos, creen que han perdido sólo una batalla y buscan la revancha. Los ejidatarios de Atenco, fortalecidos por el apoyo de la población, por el éxito obtenido y por el predominio en el gobierno de quienes piensan políticamente y en la ley y no como meros portavoces de los grandes empresarios, tienen por delante la tarea de consolidar y reafirmar el resultado de su batalla. Eso forma parte de la maduración de la lucha por la democracia en todo el país.