Demandan que se revierta el decreto de 1996 y que les regresen 405 hectáreas
Pagaron a ejidatarios de NL a 20 centavos el metro cuadrado para una aeropista que no se construyó
El ordenamiento fijó plazo de 5 años para construirla El ayuntamiento de Linares los apoya
DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL
Monterrey, NL, 2 de agosto. Por solicitud del ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo García, presentada el 20 de septiembre de 1994 a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el 28 de agosto de 1996 el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León expropió a los ejidatarios de Río Verde, municipio de Linares, una superficie de 405 hectáreas que serían utilizadas para la construcción de una aeropista. La indemnización fue de 20 centavos por metro cuadrado.
Sin embargo, transcurridos seis años -el plazo era de cinco- para realizar la obra en el municipio, del que el ex gobernador es originario, el terreno sigue siendo un monte poblado de matorrales; por lo cual los campesinos exigen que sea revertido el decreto expropiatorio al no haberse cumplido los fines que justificaron la medida "por causa de utilidad pública", puntualizó José Luis Díaz, asesor legal de los labriegos.
Según el decreto firmado por Ernesto Zedillo, que apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 1996, Sócrates Rizzo García solicitó, "mediante oficio sin número" el 20 de septiembre de 1994, la expropiación de 405 hectáreas de tierras ejidales del poblado Río Verde para destinarlas a la construcción de una aeropista.
El ejido Río Verde fue dotado por resolución presidencial el 26 de febrero de 1934 de una superficie de 2 mil 121 hectáreas en beneficio de 93 agricultores.
La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó indemnizar con 2 mil pesos por hectárea (20 centavos por metro cuadrado) a los campesinos de Río Verde, que recibieron un monto global de 810 mil 528 pesos, que fueron cubiertos por el municipio de Linares.
En el decreto de expropiación se estableció que "en caso de que la superficie expropiada sea destinada a un fin distinto o no sea aplicada en un término de cinco años al objeto de la expropiación", el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) "demandará la reversión de la totalidad o de la parte de los terrenos expropiados que no se destine o no se aplique conforme a lo previsto por el precepto legal antes referido".
Al respecto, el edil de Linares, Jesús Manuel Treviño, declaró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya autorizó la pista aérea y en breve será construida, pero será necesario comprar otras 100 hectáreas de terrenos ejidales.
Sin embargo, ante la lucha que han iniciado los campesinos de Río Verde por recuperar sus tierras, por el incumplimiento del decreto presidencial, afirmó que como autoridad municipal su deber es apoyarlos legalmente y así lo hará en caso de que lo soliciten.
Particular se apropia de 3 mil has ejidales
En otro caso, Adolfo Cárdenas Guerra, vecino del municipio de Mina, se apropió de 3 mil 201 hectáreas de agostadero y siembra de temporal pertenecientes a 41 campesinos del ejido Las Ventanas, "aprovechando su poder económico y político, así como la deshonestidad de autoridades municipales y estatales", promovió un recurso ad perpetuam, reclamando la posesión de las tierras, aprovechando que efectivamente era propietario de un predio aledaño de 11 hectáreas, denunciaron los campesinos Ignacio López Zamora, secretario del comisariado ejidal, y el avecindado Eduardo Barajas Ayala.
Esas tierras fueron entregadas por Cárdenas Guerra al banco Comermex el 19 de agosto de 1983 como pago por una deuda de 27 millones de antiguos pesos (27 mil de los actuales) que tenían con la institución crediticia Raúl y René González Sánchez, en la creencia de que no podrían pelear contra un banco, señalaron los quejosos.
Como los bancos no podían tener tierras ejidales o de uso agrícola, agregaron, en septiembre de 1990 las vendió en 50 millones de pesos (ahora 50 mil) a la Inmobiliaria Las Ventanas, cuyo director general, Fernando Javier Mijares Torres, promovió una demanda penal por despojo de inmueble en contra de 15 ejidatarios que siempre han estado en posesión de los bienes inmuebles, puesto que son los legítimos propietarios.
