Carlos Marichal
Investigando la corrupción: la metodología peruana / II
El atraso económico en Latinoamérica tiene diversas y complejas causas, pero una de las más importantes radica en la persistencia de la corrupción, especialmente aquella ejercida o permitida por los individuos que encabezan las máximas instancias del poder del Estado: presidencia, hacienda pública, ejército, policía y justicia. En la medida en que los más altos funcionarios facilitan los negocios ilícitos, contribuyen a minar y destruir la confianza y el crédito de las instituciones. Al mismo tiempo, su conducta incita a otros actores -empresarios, sindicalistas, funcionarios públicos de niveles inferiores- a meter la cuchara. Los beneficios del juego bajo la mesa pueden ser considerables para los particulares, pero a la postre, los costos sociales y económicos para el país resultan enormes.
Existe un consenso creciente en la actualidad de que si no se va erradicando la corrupción, las democracias latinoamericanas volverán a hundirse. Sin embargo, en pocos países se han logrado avances realmente significativos en este terreno. Como indicamos en una nota anterior, el caso peruano es una excepción, ya que bajo la administración de Alejandro Toledo se han llevado a cabo investigaciones que revelan en gran detalle las diversas formas de corrupción y abuso del poder ejercido desde las más altas esferas durante la larga presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000).
ƑCuál ha sido la metodología de trabajo adoptada por el Ejecutivo y el Legislativo para investigar la corrupción en Perú? Lo primero que hizo el Congreso después de la caída de Fujimori fue desmantelar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), estableciendo un nuevo sistema de inteligencia bajo control civil y con la supervisión del Congreso. Como se recordará, el control omnímodo sobre el aparato de inteligencia había sido utilizada por el poderoso asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, para mantener un sistema de espionaje y extorsión inéditos. El encarcelamiento de Montesinos fue el primer paso para comenzar a investigar la corrupción en diversos niveles del gobierno.
Las tareas de investigación fueron asumidas fundamentalmente por el Congreso peruano, cuyos miembros han participado en diversas comisiones que han ido proporcionando informes de singular importancia. Existe, en primer término, la Comisión Investigadora de la Influencia Irregular ejercida sobre el Poder Judicial y otros poderes del Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se formó también una comisión para investigar el movimiento y destino de los recursos financieros manejados por Montesinos. En ambos casos, el extenso testimonio de Montesinos ha revelado una enorme cantidad de información sobre el ejercicio del poder en un régimen autoritario.
Como complemento, el Congreso creó otras dos comisiones sobre la corrupción en el ejercicio de la hacienda pública. Ha sido activa la labor de la comisión sobre la contratación renegociación de la deuda externa peruana en el periodo 1990-2000 con organismos internacionales y banca privada extranjera. Igualmente importante ha sido el trabajo realizado por la comisión investigadora de los delitos económicos y financieros, cuyos estudios mencionamos en un artículo anterior.
Se han realizado interrogatorios a ministros, congresistas, altos funcionarios, gerentes de bancos, el superintendente de bancos y seguros, dirigentes de entidades y empresas estatales, gerentes y accionistas de empresas privadas y notarios. A raíz de ello, se ha producido una serie de informes cuyas conclusiones y recomendaciones han sido ratificadas recientemente por el Congreso de Perú. Se ha creado, asimismo, una instancia bastante singular, el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado. Este organismo reúne los dineros devueltos al gobierno por diversos mecanismos y los canaliza prioritariamente hacia la modernización de la justicia y el sistema penitenciario.
Si uno repasa la metodología utilizada en las investigaciones, se observa que el Congreso peruano ha dado prioridad a desentrañar la corrupción en la cúspide del poder político. La mayor parte de la información reunida se refiere al presidente Fujimori y sus parientes (gran número involucrado en los negocios públicos), el propio Vladimiro Montesinos; el que fuera ministro de Hacienda, Jorge Camet Dickmann, y el ex director de Presupuesto Público Reynaldo Bringas Delgado, entre otros. La información reunida revela la extraordinaria densidad de la telaraña de la corrupción ejercida, la participación de esposas, concubinas, hermanos y primos, así como de sus socios empresariales, y la complicidad de funcionarios y magistrados. Se trata de una realidad mucho más compleja y turbia que la presentada en las famosas novelas sobre dictadores latinoamericanos. Pero en este caso se trata también de investigaciones documentadas, que demuestran el cáncer de la corrupción ejercida con toda su virulencia durante el pasado decenio en Perú, con conocimiento de causa de los organismo internacionales.
El hecho de que el Congreso peruano haya resuelto investigar a quienes ocuparon los máximos cargos del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda, está sustentado en la premisa de que los más altos funcionarios, que tienen bajo su control las llaves del poder del Estado, son responsables ante todos los demás funcionarios y ante la sociedad. Como señala el gran periodista Horacio Verbitsky, autor de obras clave sobre la corrupción en América Latina, hay que tener muy presente la pirámide burocrática, ya que las instancias superiores tienen responsabilidad tanto por sus actos como por las de sus subordinados, pues los delitos efectuados serían imposibles sin su connivencia y protección.
