Los decretos fueron suscritos por la SCT y la Semarnat; continúa proceso de controversias

Todavía no se notifica a la Corte que se deroga la expropiación

JOSE GALAN Y ANGELES CRUZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido notificada oficialmente de la decisión del Poder Ejecutivo de derogar los decretos de expropiación de los terrenos en los que se habría construido el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tampoco ha hecho la petición formal a la Secretaría de la Reforma Agraria para la cancelación de dichos decretos, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Los 19 decretos expropiatorios fueron suscritos tanto por la SCT, que solicitó 13, como por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que pidió seis para la realización de un proyecto de conservación ecológica. Esta dependencia tampoco ha informado oficialmente su desestimiento.

En su caso, el Poder Judicial mantiene aún bajo análisis las cuatro controversias constitucionales promovidas por los gobiernos municipales de Acolman, Texcoco, San Salvador Atenco y del Distrito Federal, y las 12 demandas de amparo promovidas ante el juzgado sexto de distrito, a cargo del juez Mauricio Torres Martínez, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, por núcleos ejidales y ejidatarios en lo particular.

Mientras que el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela promovió tres juicios de amparo, la Procuraduría Agraria lo hizo con los otros nueve para siete comunidades de Texcoco, de las cuales cuatro habían obtenido ya la suspensión provisional de los decretos expropiatorios: los ejidos de Tocuila, Nexquipayac, Santiago Cuautlalpan y Huexotla. Para principios de este mes estaban programadas audiencias para los ejidos de Chimalhuacán, San Bernardino y San Martín.

En cada uno de los ejidos las resoluciones judiciales aseguraban a los campesinos que no procedería la expropiación ni se realizaría ninguna obra hasta que un tribunal colegiado resolviera conceder o no el amparo definitivo. Los ejidos que representa la Procuraduría Agraria son Nexquipayac y Atenco, donde a 532 campesinos se les afectarían 510 hectáreas en favor de la Semarnat; a San Bernardino, Texcoco, donde se enajenaron 101 hectáreas de riego para la Semarnat; a Santiago Cuautlalpan, Texcoco, donde se expropió 132 hectáreas de temporal y riego a 78 jornaleros, también para la Semarnat.

Asimismo, la Procuraduría Agraria lleva los juicios de amparo de Huexotla, Texcoco, donde se enajenaron 91 hectáreas para la Semarnat; los de Tocuila, donde se expropiaron 128 hectáreas de riego para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y son 83 los campesinos afectados.

Además, en Tocuila se expropiaron otras 471 hectáreas de temporal en favor de la Semarnat, con lo que se afectó a 315 ejidatarios; a Nexquipayac, Atenco, 381 hectáreas de temporal para la SCT; a Chimalhuacán, 311 hectáreas de temporal para la Semarnat, y son 398 los ejidatarios afectados, y a San Martín, Nezahualcóyotl, se expropiaron 145 hectáreas para la Semarnat.

Cuando se publique oficialmente la derogación de dichos decretos, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura decidirán el sobreseimiento tanto de las controversias constitucionales, que pasarían así al archivo, como de los juicios de amparo promovidos contra las expropiaciones.

De acuerdo con información recabada en la SRA, mientras no exista solicitud formal de la SCT no procederá la derogación de los decretos expropiatorios, sobre todo porque la dependencia que encabeza María Teresa Herrera Tello "no expropia por iniciativa propia". Aun cuando no se prevén mayores complicaciones en el proceso, funcionarios consultados señalaron que "éstos siempre son lentos".