Propuesta del gobierno a empresarios y legisladores

El ajuste a licitaciones beneficiará a compañías grandes, prevén analistas

HUMBERTO ORTIZ MORENO

En una propuesta inédita al sector empresarial y a los legisladores, que marca el signo de la crisis presupuestal que padece actualmente y que acotará sus gastos en lo inmediato, el gobierno federal planteó ajustar las licitaciones de sus dependencias y entidades a un mecanismo de "subasta en reversa", que implica adquisiciones y contratación de servicios al postor que presente la cotización más baja del mercado, lo cual, según analistas, beneficiaría a las compañías más grandes y mejor apalancadas financieramente, porque resistirían castigar sus costos al máximo.

En el borrador del proyecto de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entregado a los empresarios para consulta y presentación de propuestas, las autoridades plantean también que los proveedores mexicanos podrán presentar sus posturas con un sobreprecio de apenas 10 por ciento frente a sus competidores del exterior.

Además, ya no sólo contiene un capítulo relativo a la conciliación en caso de controversias, sino uno nuevo dedicado al arbitraje entre autoridades y proveedores. Aquí postula la creación de un Tribunal Arbitral integrado por jueces independientes o por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), contra cuyos laudos no procederá recurso alguno y sólo estarán sujetos a aclaración dentro de los dos días siguientes a la notificación.

Al mismo tiempo, define las características de quienes podrán formar parte de ese órgano, para evitar sesgos y desviaciones en los procesos.

Por lo que hace a la denominada "subasta en reversa", el gobierno federal la explica como un "procedimiento mediante el cual los licitantes realizan rebajas a los precios originalmente presentados en la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas".

El artículo 39 de la citada ley dispone esta nueva modalidad que, a celebrarse "invariablemente en acto público", prevé aceptar el "precio solvente más bajo de las propuestas presentadas", por medio de la cual los licitantes podrán, "mediante puja hacia la baja, proponer rebajas".

La "subasta en reversa" no deberá exceder de tres horas de duración ni menos de una. Una vez transcurrido el lapso, señala el anteproyecto, "se adjudicará a quien propuso el mejor precio y se procederá a emitir el fallo correspondiente".

Incluso, de aceptarse la propuesta, el procedimiento podrá efectuarse por medios remotos de comunicación electrónica que establezca o autorice la Contraloría.

La propia Secodam dictaría lineamientos de carácter general para establecer los bienes y servicios en los que será obligatorio utilizar este procedimiento.

La propuesta de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios al Sector Público define, en el artículo 50, reglas para evitar filtraciones o fugas de información que beneficien a determinados licitantes. Así, no podrán participar aquellos que "por sí o mediante empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte; las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta ley sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y las que hayan realizado cabildeos, utilizando información privilegiada para la adjudicación de contratos por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo, por afinidad o civil, en los términos de la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos".

El anteproyecto, que reúne el consenso del empresariado en términos generales, sería presentado al Congreso de la Unión en el periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo primero de septiembre, pero los analistas del sector privado son pesimistas al observar el cúmulo de asuntos pendientes que espera a los legisladores, en particular las reformas fiscal, energética y laboral.