Víctimas de la guerra sucia podrían estar aún en cárceles clandestinas

Solicitaría órdenes para catear predios de Acapulco en busca de cementerios ilegales

GUSTAVO CASTILLO ENVIADO

Acapulco, Gro., 27 de julio. Es altamente probable que presuntos integrantes de grupos armados de los años 70 se encuentren aún recluidos en prisiones clandestinas, a más de dos décadas de ocurrida la llamada guerra sucia, e incluso que algunos de los detenidos hayan sido puestos en libertad por sus captores, pero ya afectados de sus facultades mentales, por lo que es necesario elaborar un registro nacional de indigentes, afirmó el fiscal especial para desaparecidos, Ignacio Carrillo.

Entrevistado en este puerto durante un gira de trabajo por la entidad, dentro de la cual acudirá a la población de Los Piloncillos para tomar declaración a familiares de seis hombres que en 1973 fueron asesinados por supuestos miembros de la Brigada Blanca -integrada por paramilitares y elementos de grupos policiacos-, el fiscal reconoció que su tarea en Guerrero "es cada vez más compleja y difícil, ya que se ha incrementado el número de denuncias por desaparición forzada".

Carrillo Prieto reveló que la fiscalía a su cargo analiza de manera seria la necesidad de solicitar órdenes de cateo en diversos predios de Acapulco, dado que se han presentado muchos señalamientos en el sentido de que bajo los cimientos de inmuebles, como hoteles y empresas establecidas a lo largo de la avenida costera, así como en algunos terrenos baldíos de se localizan cementerios clandestinos en los que estarían enterrados restos de presuntos integrantes de grupos armados que en los años 70 operaron en la región.

Más querellas

El titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado informó que el órgano a su cargo ha recibido denuncias de desaparición forzada independientes a las más de 500 que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Añadió que hasta el momento los agentes del Ministerio Público Federal que trabajan en esa fiscalía han recibido más de 200 denuncias. Puntualizó que los casos presentados ante la también llamada fiscalía para desaparecidos tienen que ser profundizados y divididos en grupos, con el objetivo de que se desarrollen de manera completa los requerimientos diligenciales ministeriales y documentales que se necesitan.

Señaló que investigar cada caso representa una gran complejidad, ya que uno de los factores que más afectan las investigaciones es el tiempo transcurrido después de cada hecho, pero mencionó que gracias al trabajo de las organizaciones sociales que han apoyado la labor de la fiscalía ha sido posible llevar a cabo las indagatorias.

"Frente al silencio y escepticismo iniciales, hoy hay declaraciones y denuncias; existe un principio de confianza para el trabajo ministerial que desarrollamos. Sin embargo, es de reconocerse que en la zona serrana de Guerrero aún existen muchas comunidades que desconocen el trabajo de esa institución", dijo.

Carrillo Prieto indicó que su visita a la comunidad de Los Piloncillos se debe a que ahí ocurrieron "hechos de gravedad extrema, ya que un grupo que fue identificado como la Brigada Blanca arribó al lugar con una lista de personas, de las cuales no a todas encontró, pero las sustituyó al colocar en un lugar público a los hombres que estaban en ese momento en la comunidad, y frente a sus hijos y esposas los ejecutó".

Agregó que los testimonios señalan como responsables a hombres vestidos de blanco, con un paliacate o pañuelo rojo al cuello, y que días después de ocurridos esos hechos miembros de las fuerzas armadas buscaron desagraviar al Ejército llegando con regalos al lugar y asegurando que los que habían matado a los hombres de Los Piloncillos habían sido los guerrilleros, según refirió Vicente Estrada, un ex militante del Partido de los Pobres.

Carrillo Prieto recordó que en la comunidad de El Quemado, también localizada en la sierra de Guerrero, 95 personas fueron detenidas, algunas durante años, y hubo casos de desaparición y otros que fueron puestos en libertad, y aunque hechos como los ocurridos en Los Piloncillos sucedían de manera aislada, sí era una práctica común de la supuesta Brigada Blanca asesinar a pobladores de comunidades rurales.

El fiscal admitió que es posible que aún existan cárceles clandestinas en México. "Si ocurrió en Mozambique, por qué no en México", señaló, para luego afirmar que "es altamente probable que supuestos desaparecidos aún estén presos, y descartarlo sería atroz".

Carrillo Prieto aclaró que "en esto no hay dos partes. La oficina del fiscal busca a los responsables; es decir, servidores públicos que cometieron delitos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. Este organismo de ninguna manera averigua alguna otra cosa más, por ningún motivo".

Agregó: "a quienes nosotros debemos investigar es sólo a aquellos servidores públicos que sean señalados como responsables de hechos delictivos cometidos en el pasado".