La comisión ha ignorado varias auditorías que prueban fallas en la central, dice

Parcial, la investigación de legisladores en Laguna Verde, denuncia Greenpeace

ANGELICA ENCISO L.

Sin los resultados de las auditorías que se han realizado a la central nuclear Laguna Verde y con la resolución favorable de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) -la misma que avaló el funcionamiento de la planta de Chernobil un mes antes de que estallara en 1986-, la comisión legislativa investigadora de la generadora de electricidad presentará en las próximas semanas su dictamen sobre el estado de esas instalaciones, señaló Raúl Benet, director de Greenpeace.

Con base en la resolución que presenten los legisladores se definirá el futuro de la central que opera desde hace diez años en el municipio Alto Lucero, Veracruz, y que genera 4 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país.

En caso de que se determine que puede continuar en funcionamiento se mantendrá el riesgo no sólo para las 16 mil familias que residen en los alrededores de la planta, sino para la población de Veracruz, Puebla y ciudad de México, agregó Benet en entrevista.

Dijo que en las distintas auditorías que se han realizado a la planta nuclear se han detectado alrededor de 130 irregularidades y aunque se extendió el periodo de trabajo de la comisión para el próximo 30 de agosto, no disponen aún de los documentos que evalúan la situación de la planta.

"Para que la comisión investigadora pueda dar un dictamen se deben conocer los estudios que se han hecho en la planta. Entre esos documentos está la auditoría de la Contraloría, la cual provocó la inhabilitación de diez funcionarios. Dicho acontecimiento ha permanecido en secreto", puntualizó.

También subrayó que existe la investigación realizada por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés), la cual permanece en secreto, pero se ha obtenido información en la que se señala que los núcleos de los dos reactores tienen grietas y que cada 18 meses que se hace la recarga, éstas crecen.

Existen evidencias documentales de que el sistema de enfriamiento de los reactores continuamente ha dado problemas. Además, el programa de emergencia radiológica externa es inoperante y existen graves dificultades en las rutas de evacuación.

Grietas en los reactores

Por su parte, la auditoría de la empresa alemana TÜV -realizada en 2000- también hace referencia al agrietamiento y a que no existe explicación que dé cuenta de la razón por la que se están abriendo los reactores. Al respecto, la única recomendación de General Electric, empresa que los construyó, es que "se usen como están", sostuvo Benet.

Otra irregularidad es que no se han hecho análisis de riesgos y el único modelo de dispersión de aerosoles que se utiliza no opera para las características geográficas de Laguna Verde, porque la orografía es distinta a las condiciones en que está basado el modelo. Además, aunque el modelo de simulación costó millones de dólares, no funciona.

Tampoco se han dado a conocer los documentos internos en los que se explican los paros de emergencia de la planta, porque cada uno de ellos está acompañado de un reporte que indica lo que se debió hacer y lo que debe corregirse.

"La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha mentido a los diputados cuando dijo que la auditoría de la WANO no reportaba irregularidades y ha negado la información, la ha ocultado. El hecho de que Santiago Creel -secretario de Gobernación- diga que la planta nuclear es segura se debe a que el funcionario no toma en cuenta la evidencia documental", sostuvo.

Agregó que el presidente de la comisión legislativa, el panista Héctor González Reza, "parece que ya tiene la decisión de que la planta opera bien".

El diputado, añadió Benet, argumenta que "no necesitan conocer las auditorías porque vino la AIEA, hizo su auditoría y no expulsó a Laguna Verde de la organización. Tampoco expulsaron a Chernobil, cuando hicieron la auditoría un mes antes de que estallara", aclaró Benet.

Estimó que lo que se tendría que hacer es cerrar temporalmente la planta para estudiar su situación y aseguró que instalaciones similares con mejores condiciones han cerrado definitivamente. Además de que hace ocho años dejaron de abrirse nuevas plantas.

Dijo que otra vía que analiza la organización es establecer una demanda porque hay violaciones a la Ley de Seguridad Nuclear. Sostuvo que otro riesgo en la central es el manejo de los desechos radiactivos, para los cuales no hay ningún mecanismo de tratamiento adecuado, y permanecen almacenados en la misma planta. "Cuando se preguntó a la comisión legislativa quién podría aceptar esos desechos, González Reza dijo que lo más seguro era que se mantuvieran en las mismas instalaciones". Benet dijo que no se conoce con precisión la cantidad de desechos que hay, pero cada reactor se carga cada 18 meses y esto deja 70 toneladas de residuos. El primer reactor empezó a operar en 1990 y el segundo en 1995. "No hay manejo adecuado para los residuos radiactivos y enterrarlos es inaceptable", manifestó.