Martínez Domínguez comparece hoy en un hospital como indiciado por la masacre de 1971

El fiscal especial Ignacio Carrillo acudirá al nosocomio Muguerza, ubicado en NL

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 21 de julio. Tarde le llegó al ex regente capitalino Alfonso Martínez Domínguez el cobro de las viejas cuentas, pero todas las facturas aparecieron juntas.

Sin embargo, a diferencia del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, a quien se ha visto prácticamente solo, Martínez Domínguez ha recibido aquí el apoyo solidario de sus correligionarios, los cuales coinciden en señalar que las acusaciones en su contra son un "ardid" del gobierno de Vicente Fox para distraer la atención ante la "falta de resultados" de su gestión y buscar la división del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A 31 años un mes y 12 días de la matanza del Jueves de Corpus, el también ex gobernador de Nuevo León comparece este día 22 como indiciado por aquellos hechos ante la Fiscalía Especializada sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, cuyo titular, Ignacio Carrillo Prieto, se trasladará hasta el cuarto piso del Hospital Muguerza, en el área de terapia respiratoria, adonde el político de 80 años ingresó hace una semana, aquejado por problemas cardiacos, renales, respiratorios y pulmonares, que algunos atribuyen a los excesos con el cigarro y a su intensa vida, que lo llevaron a tener 11 hijos con cuatro esposas.

Martínez Domínguez, sostienen sus allegados, está dispuesto a declarar para defenderse de las imputaciones que le hizo Echeverría Alvarez, responsabilizándolo por el manejo de Los Halcones.

Sin embargo, afirman que dadas sus precarias condiciones de salud, es muy probable que se limite a escuchar los cargos en su contra, se acoja a los beneficios del artículo 20 constitucional para guardar silencio y en fecha posterior responda por escrito a las 98 preguntas que tiene preparadas la fiscalía.

Tal vez, aventuran, ni siquiera podría efectuarse la diligencia en esos términos, y sus defensores legales tendrían que solicitar una nueva prórroga para que se realice la declaración ministerial del también ex líder nacional del PRI, quien se iniciara como elevadorista hace ya más de seis décadas.

Lejos de manifestantes

El controvertido político, acusado de reprimir o corromper los movimientos democráticos y de izquierda durante su periodo como gobernador de Nuevo León (1979-1985), aunque según sus seguidores fue un gobernante "humanista" y uno de los que han realizado más obra pública, no escuchará ni verá desde su suite hospitalaria los reclamos que en gritos y pancartas los ex líderes estudiantiles del 68 y del 71 tienen preparados para la ocasión, según anunció Tomás Pérez Alvarez, uno de los organizadores de la protesta.

Graciano Bortoni Urtega, amigo personal de Martínez Domínguez y quien fuera secretario general de Gobierno durante su periodo gubernamental, expresó que el veterano político está dispuesto a declarar ante el fiscal Carrillo Prieto -"porque él es un hombre respetuoso de la ley"-, pero dudó que pueda hacerlo, "porque su estado de salud es delicado".

Agregó que no se puede platicar mucho con el ex regente porque se cansa pronto. Afirmó que sólo entró en la habitación de Martínez Domínguez para acompañarlo. "Le hice unas cuantas bromas, está tranquilo, pero para una diligencia judicial no creo que esté preparado", expuso.

Mientras sus críticos consideran que la hospitalización fue una estrategia de su familia y los abogados para evitar los actos de protesta, los parientes del político aseguran que el internamiento fue una recomendación de los médicos que lo atienden, pues en caso de agravarse sus padecimientos a la hora de la diligencia ministerial, no estarían en condiciones de brindarle la atención que se necesita para esos casos, por tratarse de equipo muy especial que se localiza en el hospital Muguerza.

El hecho es que en punto de las 11:30 horas el fiscal Carrillo Prieto ingresará en el nosocomio para levantar la declaración de Martínez Domínguez, en una diligencia a la que sólo podrán ingresar los abogados del político, los denunciantes en el proceso iniciado en su contra y el personal de la fiscalía.

En la diligencia estará el coordinador de la fiscalía especial, Américo Meléndez Reyna, quien es cuestionado por ex líderes estudiantiles, como Tomás Pérez Alvarez, pues consideran que "no tiene autoridad moral" para indagar sobre aquellos hechos de la guerra sucia en México, ya que hace cuatro años fue cesado del puesto de director de la Policía Ministerial de Nuevo León debido a que, según se constató por una grabación de una llamada telefónica que realizó al entonces procurador de Justicia, José Santos González Suárez, pretendió ocultar el homicidio por tortura de un detenido y la inhumación clandestina del cadáver, hecha por agentes judiciales bajo su mando.