La disposición que ayer mostraron las autoridades federales para desactivar de manera dialogada el grave conflicto social en San Salvador Atenco representa un primer paso hacia la solución definitiva del problema, originado por la forma abusiva -un decreto expropiatorio que fija indemnizaciones ofensivamente bajas y destruye la forma de vida de los campesinos afectados- con que se impuso la ubicación de la nueva terminal aérea de la capital del país.

En primer término, la liberación de todos los ejidatarios detenidos tras la inadmisible represión ejercida por el gobierno mexiquense y, por otro lado, la de los funcionarios retenidos por los pobladores de Atenco, son medidas necesarias para relajar las tensiones, prevenir nuevos casos de violencia y abrir espacios a un diálogo que aborde las razones de fondo de este levantamiento popular.

Ha de señalarse que si bien resultan pertinentes las declaraciones del secretario de Gobernación, Santiago Creel, en el sentido de que se realizará un diálogo directo con los ejidatarios con el fin de ofrecerles un nuevo esquema de resarcimiento, el gobierno federal debe comprender que la oposición de los pobladores de Atenco a la pérdida de sus parcelas no está motivada por una cuestión meramente económica, sino que tiene su origen en la firme convicción de no permitir el expolio de su patrimonio ancestral y la destrucción de su cultura, enraizada en el cultivo de la tierra. En este sentido, cabe hacer un llamado a las autoridades para que reflexionen sobre la importancia de abandonar posiciones intransigentes y se dispongan a conseguir, con base en el diálogo franco, un entendimiento que a la par despeje definitivamente el riesgo de desgarramientos en esa región del país, respete la historia y la forma de vida comunitaria de los habitantes de San Salvador Atenco.

Por otra parte, deben reconocerse la inteligencia y la sensibilidad social con las que el gobierno federal reaccionó ante la crisis suscitada en Atenco, pues su actitud conciliadora es una respuesta vigorosa a quienes clamaban por el recurso a la mano dura y al avasallamiento represivo de las movilizaciones populares. A pesar de las críticas que tal determinación puede traer entre los estamentos retrógrados del ámbito político y empresarial, que el gobierno federal haya optado por escuchar y atender el clamor popular constituye -a reserva de conocer los detalles de la nueva posición oficial- un gesto esperanzador que, aunque hubiera sido deseable con anterioridad, abre las posibilidades de solución justa y pacífica para éste y otros conflictos sociales vigentes en México.

Si el nuevo aeropuerto ha de favorecer el crecimiento humano y material del país, debe orientarse desde una perspectiva integral y no únicamente económica. Por ende, ha llegado el momento de que las autoridades comprendan que Texcoco no es el lugar adecuado para la construcción de la nueva terminal, pues obstinarse en tal emplazamiento implicará inevitablemente una forma de depredación social incompatible con los valores democráticos y el mantenimiento de una peligrosa fuente de conflicto social, de desgaste político y de desasosiego popular en la zona.