Comparan los $7 el metro ofrecidos en Atenco con los 4 mil del caso Ramos Millán

Buscan legisladores que se indemnice con justicia a los campesinos cuyas tierras sean expropiadas

Hoy se privilegia el pago a particulares en detrimento de comunidades: Arely Madrid

En Acapulco hay un conflicto similar al mexiquense; pueden surgir más: Félix Castellanos

ANDREA BECERRIL

Las comisiones de Reforma Agraria de las cámaras de Senadores y Diputados preparan un proyecto legislativo para que sea obligación del gobierno federal indemnizar de manera justa a los campesinos cuyas tierras sean expropiadas, con el propósito de evitar casos como el de los ejidatarios de San Salvador Atenco, a quienes se pretende pagar a siete pesos el metro cuadrado de sus predios.

"Es una cifra bajísima; más si se compara con la indemnización ordenada por el Poder Judicial a los herederos de Gabriel Ramos Millán, que en el juicio que ganó a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) el bufete de Diego Fernández de Cevallos, lograron el pago de casi 4 mil pesos por metro cuadrado de un predio de 33 hectáreas", advirtió el diputado del Partido del Trabajo Félix Castellanos.

La senadora del PRI Arely Madrid Tovilla precisó que en el gobierno de Vicente Fox ha habido un cambio en la política agraria, ya que se trata de privilegiar el pago de indemnizaciones a particulares, en detrimento de campesinos y comunidades indígenas, a quienes se fijan montos muy bajos para pagar tierras expropiadas por causa de utilidad pública.

Insistió en que el fallo contra la SRA, por el que debe pagar 2 mil 2l4 millones de pesos ha puesto a debate ese tema, que obliga al gobierno a revalorar la forma en que se indemniza a campesinos a los que se despojó de tierras para construir obras como carreteras o aeropuertos.

El diputado Castellanos citó que en Acapulco hay ejidatarios que desde hace años pelean por un pago justo a sus tierras, y les siguen ofreciendo menos de un peso por metro cuadrado, lo que puede originar el surgimiento de otros conflictos en el país.

Por ello, precisó Madrid Tovilla, la próxima semana se reunirán las comisiones de Reforma Agraria para avanzar en ese proyecto legislativo. Hay bases para ello, afirmó, ya que las reformas constitucionales de 1992, por las que se cambió el tipo de propiedad de la tierra, lleva a que el valor comercial de ésta vale lo mismo para todos, tanto particulares como ejidatarios.

"Por qué se va a aplicar la ley sólo en lo que perjudica a los hombres del campo; debe también usarse para aquello que les beneficia, como las indemnizaciones agrias", precisó.

Insistió en que la resolución de la Suprema Corte en favor de los herederos de Ramos Millán ha venido a molestar a muchos grupos de campesinos, como los de San Salvador Atenco, que se preguntan, con razón, por qué se da preferencia a particulares. "Creo que se debe reconsiderar su caso y valuar sus terrenos a precios actuales."

El diputado Castellanos insistió en que el Congreso debe citar a comparecer a la secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, para que explique a los legisladores las medidas jurídicas que adoptaron en la dependencia a su cargo ante la demanda que los clientes de Diego Fernández de Cevallos ganaron en esta administración foxista, a pesar de que estuvo más de ocho años archivado.

Se sabe que hasta el momento la titular de la SRA ha evadido asistir al Congreso y pospuso ya una primera reunión, programada para el 8 de este mes, con miras a atenuar el escándalo surgido tras la difusión de que los abogados de los Ramos Millán eran Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia.