Fue acusado de incurrir en irregularidades administartivas y daño al erario
Declara improcedente la Contraloría denuncia panista contra oficial mayor
Apegada a la legalidad, la suscripción de contratos con las cámaras del vestido y del calzado
La acción significó además un ahorro para el presupuesto del gobierno de la ciudad, afirma
ELIA BALTAZAR
La Contraloría General del Distrito Federal declaró improcedente una más de las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional en contra del oficial mayor del gobierno capitalino, Octavio Romero Oropeza, a quien acusó de incurrir en "irregularidades administrativas" y daño al erario, por suscribir convenios de colaboración con las cámaras industriales del calzado y el vestido, y adjudicar de manera directa la compra de botas para los trabajadores de la administración local.
Estas decisiones, sin embargo, no dieron causa para fincar responsabilidades administrativas en contra del oficial mayor, pues no sólo significaron un ahorro para el presupuesto de la ciudad, sino que se llevaron a cabo en cumplimiento del marco legal y de la Constitución.
Así consta en la resolución de las investigaciones que llevó a la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades, bajo el número de expediente DAC/SQYD/186/2001, que fue notificada el viernes por la tarde al asesor legal de la fracción del PAN en la Asamblea Legislativa, José Luis Moyá, denunciante junto con los diputados panista, Salvador Abascal, y priísta, Arturo Barajas Ruiz, quienes asumieron la causa de dos empresas inhabilitadas como proveedores por las autoridades capitalinas.
Estas son el Grupo Industrial Pachuca y la Distribuidora Vismak, que durante 10 años monopolizaron los contratos de compraventa de zapatos de trabajo. El año pasado las autoridades comprobaron que estas empresas no cumplían con las normas de calidad, ofrecían las botas por encima de los precios de mercado y triangulaban las adquisiciones para su beneficio compartido.
Luego de la investigación, que se inició en 2001, la Contraloría capitalina determinó que el Grupo Industrial Pachuca "actuó con dolo y mala fe al presentar información falsa" en el proceso de licitación del 13 de abril de 2000, a que convocó la Comisión de Recursos Naturales (Corena) para la compra de botas, y "proporcionar 2 mil 617 pares de éstas que no cumplían con las especificaciones establecidas".
La Oficialía Mayor, entonces, buscó la asesoría y colaboración de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, con la que suscribió un convenio que fue el origen de la denuncia presentada ante la Contraloría y cuya resolución ahora se conoce.
Pero fue la cancelación de los contratos e inhabilitación posterior, por dos años, del Grupo Industrial Pachuca y la Distribuidora Vismark lo que dio pie a la embestida legal que emprendieron los legisladores panistas Salvador Abascal Carranza y Federico Doring Casar, así como su asesor en la Asamblea Legislativa, José Luis Moyá, en contra del oficial mayor del gobierno capitalino, a quien acusaron, también, de nepotismo, pero sin sustento, según lo demostró la investigación que en su momento realizó la misma Contraloría capitalina.
