En el IFE, Jaime Cárdenas y el PRD piden juicio político contra el titular de Hacienda
Francisco Gil exculpa a Davis de desacato
ALONSO URRUTIA
Al conocerse la exculpación oficial que hizo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jonathan Davis, sobre cualquier responsabilidad de desacato al Instituto Federal Electoral (IFE), el consejero Jaime Cárdenas y Pablo Gómez, representante del PRD, pidieron al Consejo General del organismo exigir la información directamente al presidente de la República, Vicente Fox, y promover juicio político contra el titular de Hacienda.
Gómez argumentó que la respuesta negativa, primero de Davis y luego de Gil Díaz, a la solicitud de información sobre los manejos financieros en el Pemexgate obedecen a un mandato presidencial, y deploró que el gobierno maneje conceptos arcaicos para regatear información al IFE.
"Aunque seguramente tampoco entregarán la información", pidió al Consejo General que para allanar pasos y apresurar los tiempos se considere "infundada" la queja del PRD contra el PRI por el caso Pemex, a falta de información.
Explicó que el único objetivo de esta decisión sería dar posibilidad al PRD de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para inconformarse, y con ello conseguir la sentencia de este organismo, obligando a la CNBV a entregar la información, como sucedió en el caso de Amigos de Fox.
En tanto, Cárdenas aseveró que el IFE debe acudir de inmediato al superior jerárquico de Gil Díaz para allegarse toda la información que permita abundar en las investigaciones sobre el financiamiento irregular a la campaña del PRI. Al mismo tiempo, analizar la posibilidad de promover juicio político contra Gil Díaz por desacatar la petición de sancionar a Davis.
Por su parte, el nuevo representante del PRI ante el IFE, Fidel Herrera, censuró las argumentaciones de Gómez y de Cárdenas por considerar que toda la información en torno al caso Pemex está disponible, la tiene la Procuraduría General de la República y la ha "filtrado" el gobierno.
Sin embargo, Herrera señaló que el PRI ya envió un oficio a Davis para autorizarlo a levantar el secreto bancario en la investigación de las cuentas de la campaña presidencial de Francisco Labastida.
El Consejo General no adoptó ninguna decisión en torno a la estrategia a seguir tras la exoneración de Davis, y será hasta la próxima semana cuando la comisión de fiscalización resuelva sobre el particular.
En sendos oficios enviados al secretario ejecutivo del IFE, Fernando Zertuche, el secretario de Hacienda explica las razones por las cuales es improcedente sancionar a Davis. En el caso Pemexgate, señala que el presidente de la CNBV respondió a los oficios PCG/080/02 y PCG/101/02, en los que se le requería información sobre el presunto desvío de recursos a la campaña presidencial del PRI.
En esa respuesta, la CNBV -indica Gil- "manifestó que no era factible atender los requerimientos de información y documentación que le efectuó el IFE por dos razones: porque la información solicitada está protegida por el secreto bancario establecido en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, mismo que ese organismo está obligado a salvaguardar, y porque la solicitud estaba indebidamente fundada, ya que la sentencia dictada por el TEPJF el 7 de mayo no puede aplicarse a todos los asuntos que se tramiten ante el IFE, pues sólo surten efecto entre las partes que intervinieron en el asunto y respecto al caso concreto sobre el que recayó la resolución".
Al abundar en la justificación para exculpar a Davis, el secretario de Hacienda subraya que al ser específicas las sentencias para cada caso "no es posible considerar que la CNBV haya incumplido la ejecutoria pronunciada en el expediente del tribunal porque no tiene relación con dicho caso, es decir, no existe identidad entre los sujetos y las causas".
Respecto a la respuesta sobre la sanción solicitada por haber rechazado la información relativa a los Amigos de Fox, el secretario de Hacienda estima que la CNBV "no se negó a atender los requerimientos de información y documentación que le efectuó el IFE, pues le informó con oportunidad que por el momento no era posible atenderlos, ya que eran materia del incidente que hizo valer ante el tribunal electoral".
Añade que el propio TEPJF consideró improcedente el recurso interpuesto por el IFE contra la CNBV y le respondió que es el propio tribunal la instancia para requerir la ejecutoria de sentencia. Asimismo, fijó un plazo de 10 días hábiles a la comisión bancaria para comenzar a entregar la información requerida por el IFE.
