Demanda que ese tipo de delitos sean sancionados de acuerdo con tratados internacionales

Persisten desapariciones forzadas y tortura en México: Mary Robinson

Espera que con la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá no se violen derechos de indígenas

VICTOR BALLINAS

La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para derechos humanos, Mary Robinson, planteó ayer al gobierno mexicano su preocupación por los casos de desapariciones forzadas y de tortura que siguen ocurriendo en el país, y preguntó qué se está haciendo al respecto.

La respuesta la dio el fiscal especial para desaparecidos, Ignacio Carrillo Prieto, quien le explicó que se está realizando una investigación, y que este día comparecerá el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, a quien se señala como presunto responsable de las desapariciones y de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Sobre los casos de tortura que siguen ocurriendo en el país, la funcionaria de la ONU pidió que esa práctica sea erradicada, que se le tipifique de acuerdo con los criterios internacionales, y que a ese delito no se les busque otra tipificación para sancionarlo de manera diferente.

Manifestó que espera que con la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá "de verdad se beneficie a las comunidades indígenas, y no que sus derechos humanos vayan a ser violados; además, que nos se afecte a los migrantes".

Xóchitl Gálvez, de la oficina de la Presidencia para asuntos indígenas, le dio respuesta en este punto y le explicó que "yo también estoy muy preocupada, y en las reuniones de gabinete he pedido que la aplicación de dicho plan sea de abajo para arriba, y no al revés".

Robinson insistió en que ella espera que el Plan Puebla-Panamá en realidad sea un programa para impulsar el desarrollo del sureste, pero que no conculque los derechos humanos de los indígenas.

Intervención de Soberanes

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, explicó a la funcionaria de la ONU la investigación que sobre los casos de desaparecidos durante la guerra sucia llevó a cabo ese órgano, y la recomendación que hizo al presidente Vicente Fox para crear la fiscalía especial, indemnizar a los familiares de las víctimas y que se deslinden responsabilidades.

Soberanes también le dio respuesta a la señora Robinson en el asunto de la tortura. Le manifestó que se está trabajando en la elaboración de un diagnóstico de derechos humanos a nivel nacional, y uno específico sobre tortura, para el cual se seguirá la normatividad internacional, como el protocolo de Estambul.

La alta comisionada insistió en que su preocupación radica en que continúan presentándose casos de tortura, por lo que urgió a que esa práctica sea eliminada, y los delitos de ese tipo sean tipificados y sancionados de acuerdo con los tratados internacionales.

Incluso, dijo, "la tortura no debe ser calificada o tipificada de otra forma que busque evadir la sanción".

Por la mañana, Robinson se entrevistó en privado con el presidente Vicente Fox, con quien conversó sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, de los crímenes de las mujeres de Ciudad Juárez y sobre migración.

También conversaron sobre la apertura de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en el país, y del compromiso del gobierno mexicano de intensificar la cooperación con organismos internacionales.

Fox Quesada le ratificó su voluntad de elaborar el diagnóstico de derechos humanos nacional y el programa respectivo.

Por la tarde, tras firmar con el gobierno mexicano el acuerdo para la apertura de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en el país, Robinson fue invitada a una comida, a la que asistieron el fiscal especial sobre desapariciones, Ignacio Carrillo Prieto; el ombudsman nacional José Luis Soberanes; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora; los investigadores Santiago Corcuera y Sergio Aguayo; el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el padre Miguel Concha, y la legisladora Micaela Aguilar, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, entre otros.

En esa comida la funcionaria manifestó su preocupación por las desapariciones forzadas y los casos de tortura, y ahí habló del Plan Puebla-Panamá y de la participación de los organismos ciudadanos de derechos humanos.

En esa reunión se comentó de que la tortura debe ser tipificada de acuerdo con los parámetros internacionales, porque la legislación nacional se queda corta.

Robinson abundó que ayer por la mañana se reunió con el ombudsman del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, quien le entregó información sobre 57 casos de tortura ocurridos en el último año.

Sobre la militarización de la policía en el país señaló que hoy se reunirá con el titular de la PGR para conocer esa situación.

Más tarde, en conferencia de prensa de prensa la funcionaria de la ONU dijo que los migrantes son un grupo muy vulnerable, al que se le explota y violan sus derechos humanos.