Señora directora: Hace unos días fui una víctima más de las aseguradoras, en este caso del Grupo Nacional Provincial. Producto de una descoordinación motriz, fui hospitalizado. Pasé tres días en un hospital de la ciudad de México, durante los cuales se me hicieron diversos análisis para llegar a la conclusión que se trataba de una otosclerosis o de un hidrops endolinfático.

Desde un día antes de que este estudio fuera realizado, los representantes de GNP se presentaron en mi cuarto y me dijeron que el seguro no se aplicaba, ya que se trataba de una enfermedad pre existente. Ante mi enojo, y después de señalarles que no podían llegar a esa conclusión en tanto faltaba el resultado del último análisis, se fueron prometiendo esperar.

Al día siguiente fui dado de alta y al llegar a la caja mi sorpresa fue mayúscula, GNP decidía que no se aplicaba mi seguro de gastos médicos mayores. Al protestar, la señorita de la caja me dijo que hablara con los de GNP, quienes no estaban ahí. Esperé una hora, con un disgusto que se iba acumulando, problema grave para mí, ya que soy diabético.

Al llegar, estos señores traían un dictamen diferente, seguían rehusando pagar, nada más que ahora señalaban que esto se debía a que no había un diagnóstico definitivo. Inmediatamente hablé con los doctores que me atendieron y ambos coincidieron en que el diagnóstico era definitivo; yo tengo un problema en el oído que puede ser cualquiera de los dos padecimientos arriba señalados, incluso se me dijo que muy probablemente tarde mucho en saberse cuál de las dos enfermedades padezco. Pero el convenio que me protege establece con claridad que cualquiera de los dos padecimientos es cubierto por mi seguro, en tanto no existe ningún antecedente previo a la contratación del mismo.

No cabe duda que después de los banqueros, los dueños de las aseguradoras son los más grandes vivales. Para lograr lo anterior tienen un ejército de "especialistas" que no tienen otro objetivo que evitar que se pague.

Estoy seguro de que no soy el único en México al que quieren timar, me pregunto si no es posible que de la misma manera que El Barzón organizó a los deudores de la banca, todos los que hemos sido robados por los seguros organicemos una asociación para defendernos de estos señores, que actúan con una impunidad total, violando las garantías individuales de los ciudadanos, en tanto ellos deciden todo sin que exista la posibilidad inmediata de una defensa. Por lo pronto, tuve que pagar 18 mil pesos gracias a estos auténticos vividores del dolor ajeno.

Sergio Rodríguez Lascano

Señora directora: Sentimos como propia la inaceptable agresión de que fue víctima, por parte de un supuesto militar, policía o madrina, el hijo adolescente de la periodista regiomontana Guadalupe Elósegui Martínez, ocurrido el viernes 28 de junio en Monterrey. Al expresarle nuestra completa solidaridad nos sumamos a sus justas exigencias.

Demandamos al gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, su intervención inmediata para localizar y castigar a los cobardes atacantes del joven Oscar Quijada Elósegui. Nadie tiene derecho a ser molestado en razón de su aspecto personal y ninguna autoridad tiene facultades para dictarle a nuestros jóvenes cómo se deben peinar y vestir. Este episodio, señor gobernador, se agrega a la lista de violaciones a los derechos humanos que día con día crece, en forma alarmante, en el estado de Nuevo León.

Rosario Robles Berlanga, María Eugenia López Brun, Gabriela Rodríguez Ramírez, José Ramón Enríquez, Bruce Swansey, Ramón Sosamontes

Señora directora: A finales de mayo recibí la gran noticia: resulté acreditado por el Infonavit. Entusiasmado, comencé los trámites necesarios. De acuerdo con las reglas del instituto, se puede optar por una de cinco líneas de crédito. Elegí la cuatro, es decir, para mejorar la vivienda propia. Los requisitos a simple vista son excesivos, pero me propuse cumplirlos para ver realizado el sueño de terminar la casa que con grandes esfuerzos he venido edificando desde hace dos años.

Tras superar múltiples obstáculos, pasado mes y medio logré por fin reunir los documentos exigidos y acudí al Infonavit, donde recibí la mala noticia: el valor de mi casa excede el límite que fija el organismo. Es decir, el valor de la propiedad más los 140 mil pesos del préstamo no deben rebasar 350 salarios mínimos mensuales en el DF, esto significa que para poder aplicar el crédito, mi casa debería valer un máximo de 300 mil pesos.

Basta con ver la oferta inmobiliaria en cualquier periódico para constatar que no hay casas de ese precio en el DF. Ante ello, pregunto a las autoridades del organismo: ¿son candados para restringir al máximo el otorgamiento de créditos? ¿Es justo que los acreditados tengamos que gastar hasta 20 mil pesos en la interminable tramitología, en muchos casos inútilmente? ¿Debo resignarme ("¡Lástima, Margarito!"), además de a perder el dinero gastado en el papeleo, a no ejercer una prestación derivada de aportar cuotas obligatorias durante varios años? Si como presume el Infonavit es una institución de servicio social, le pido, señor director general, o a la autoridad que corresponda, que reconsideren mi caso, que es el de muchos otros beneficiados con sus créditos.

Othón Lara Klahr

Señora directora: Solicito la publicación de las siguientes precisiones, respecto de la nota titulada "Acusan a la Procuraduría Agraria de provocar enfrentamientos en Palenque", publicada en la página 18 el 25 del presente, con la firma de la reportera Matilde Pérez U.

De la referida nota, que en su parte introductoria señala: "El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) denunció que personal de la Procuraduría Agraria (PA) está provocando divisiones y enfrentamientos entre los ejidatarios de San Miguel Arimatea, municipio de Palenque, Chiapas, cuya mayoría decidió en asamblea no aceptar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede)", es preciso aclarar que:

1. Este ejido dio su anuencia para ingresar al Procede desde 1993.

2. El ejido San Miguel Arimatea, integrado por 90 miembros, solicitó la inclusión a dicho programa con escritos del 24 de octubre de 1999 y del 29 de febrero de 2002, suscritos por los integrantes del Comisariado Ejidal, así como por 45 ejidatarios, el primero, y 41, el segundo.

3. El 16 de mayo de 2002 se realizó la asamblea de ejidatarios, en la cual 60 de los 90 miembros del núcleo -la mayoría- ratificaron su compromiso de participar en el Procede, así como de incorporarse libre y voluntariamente a dicho programa. En su oportunidad, fueron atendidas, mediante el procedimiento de queja, las inconformidades de algunos ejidatarios para incorporarse al Procede, recurso que concluyó con acuerdo de improcedencia.

4. En escrito fechado el 17 de junio anterior, dos personas, sedicentes ejidatarios del lugar, se dirigieron al Procurador Agrario, Dr. Isaías Rivera Rodríguez, para solicitar la intervención en el supuesto rechazo al Procede, petición que fue turnada el día siguiente a la Coordinación General de Programas Interinstitucionales para su atención, que resolvió la improcedencia del cuestionamiento, por lo que los trabajos del Procede continúan.

5. Actualmente, el INEGI está midiendo dicho ejido; lleva 70 por ciento de avance. La presidencia municipal de ese lugar ha participado en estos trabajos.

De todo lo anterior, la PA cuenta con el soporte documental que acreditan las actuaciones realizadas en el Procede, conforme a lo dispuesto por el marco legal agrario y, por lo que concierne a la presente nota, se ratifica que en concordancia con el Programa Sectorial Agrario, esta institución continuará promoviendo el Procede entre los núcleos agrarios del país que por voluntad libre y soberana de sus asambleas así lo determinen.

Fernando Fuentes Muñiz, director general de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria

Señora directora: En relación con la carta enviada por Fernando Fuentes Muñiz, director de General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria (PA), quisiera hacer las siguientes precisiones:

Los ejidatarios inconformes con el Procede son también autoridades en esa comunidad, en la carta y escritos entregados a la PA están los sellos y las firmas correspondientes. La intención no es entrar en polémica con la autoridad sino, como afirmaron los propios ejidatarios, que el procurador agrario atienda a todas las partes y no se provoquen más divisiones dentro del ejido con la aplicación del Procede.

Matilde Pérez, reportera

Señora directora: Con sorpresa vi en La Jornada del 27 de junio, página 45, que entre los colegios de los Legionarios de Cristo aparece el Colegio Francés del Pedregal, el cual dirijo. Esto es un grave error que pido se corrija. Esta escuela no tiene nada que ver con el grupo que se cita en ningún sentido, aunque también sea un colegio católico.

El 12 de junio escribí a Líderes Mexicanos para que corrigieran ese dato en su publicación de ese mes, lo que ofrecieron hacer. Posteriormente, me imagino, autorizaron al señor Jenaro Villamil, quien firma el artículo en La Jornada, a que usara la información, sin corregirla previamente, lo que me parece nefasto e irresponsable. Por ningún motivo quiero que haya confusión, por lo que le pido que se corrija ese dato.

Concepción González Zaravia