Se analiza la reciente recomendación de la CDHDF, dice

La práctica de tortura, erradicada de la Policía Judicial, afirma Bátiz

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, negó que persistan prácticas de tortura en la Policía Judicial capitalina. Y aunque no descartó que haya casos particulares de agentes judiciales que incurren en abusos, señaló que "como práctica, como se usaba en otras épocas para obtener confesiones, les puedo asegurar con certeza que eso ya se terminó".

Cuestionado sobre la recomendación 5/2002 que emitió el viernes la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por un caso de tortura contra dos vecinos de la colonia El Rodeo, en la delegación Iztacalco, el funcionario señaló que la subprocuraduría jurídica y de Derechos Humanos de la dependencia elaborará la respuesta correspondiente, una vez que del análisis se determine si la acepta o no.

Explicó que la recomendación se refiere a un asunto de 1999, "en el que prácticamente acepta (la CDHDF) los dichos de las personas que denuncian a policías judiciales".

Cabe recordar que el documento señala que además de torturar a las víctimas, los agentes judiciales pretendieron extorsionar a la familia, y al no obtener el dinero que pedían saquearon su casa, les formularon cargos falsos ante el Ministerio Público, por el delito de robo, y los acusaron también de falsedad en declaraciones, cuando los afectados denunciaron los hechos.

El procurador dijo desconocer si la averiguación previa que en su momento iniciaron las víctimas se fue al archivo, después de que el MP propuso en cuatro ocasiones el no ejercicio de la acción penal en contra de los policías judiciales involucrados.

"Estamos a tiempo y vamos a averiguar qué pasó y por qué están ahora recomendando esto después de tanto tiempo", señaló el funcionario.

Respecto a la protesta que unas 20 personas realizaron la semana pasada frente a la dependencia para denunciar el secuestro y extorsión del comerciante de Iztapalapa Moisés González Solórzano, por parte de agentes judiciales, Bátiz dijo: "Puede haber algunos abusos particulares, pero en cuanto sabemos y tenemos la certeza los sancionamos", por lo que instó a la víctima en este caso a presentar denuncia penal.

Sobre la recomendación 5/2002, señaló que "vamos a averiguar qué fue lo que pasó, aunque fue en otro tiempo, no en nuestra administración, pero si hubo abuso de autoridad, si hubo efectivamente tortura, vamos a proceder legalmente".

"Hasta donde yo sé -refirió-, dos personas que estaban involucradas en alguna situación de carácter delictivo denunciaron a los policías judiciales de haberlos golpeado con la mano abierta en la cara, en la cabeza, que los interrogaron con violencia, eso es lo que ellos señalan".

Bátiz advirtió que no es fácil investigar los abusos de los policías judiciales, que pudieran ocurrir en el momento de investigar, o al trasladar a un detenido a la agencia del Ministerio Público.

Recordó que la norma señala que todo interrogatorio debe hacerlo el Ministerio Público, pues no tiene ninguna validez legal el interrogatorio de policías judiciales; "entonces ya ni siquiera tiene sentido pensar en la tortura como mecanismo para obtener la confesión", insistió.

Respecto de las medidas de vigilancia, como instalar cámaras de circuito cerrado en las áreas de confinamiento de detenidos -como ha pedido en sus recomendaciones la CDHDF-, dijo que "hasta donde nos han alcanzado los recursos, tenemos cámaras de video y hay espacios siempre abiertos".