Antonio Gershenson

El Plan Puebla-Panamá

Desde Mérida hubo una especie de lanzamiento oficial del Plan Puebla-Panamá (PPP). Creo que el asunto merece reflexiones que vayan más allá del aplauso o de un simple "no, no, no". Por principio de cuentas, hay dos partes, muy diferentes entre sí, en el alcance geográfico del plan.

Por un lado, está la parte internacional, los países centroamericanos. Este es un asunto de relaciones entre países que debe manejarse como tal. La otra parte, el sur y el sureste mexicanos, es obviamente asunto de política interna, y además tienen rasgos distintivos del resto de México.

En este sentido, un plan de industrialización del sureste concebido de determinada manera puede tener, además de un sentido de aliento al desarrollo, un efecto de debilitamiento del caciquismo. Para que haya desarrollo real y para que el caciquismo se debilite y en un momento dado sea erradicado, una primera condición es la participación de las comunidades de la región. Y si partimos de este supuesto, no impulsaremos obras gigantescas llevadas a cabo con maquinaria pesada y poco personal, de preferencia importado de otras partes del país, como se ha hecho en el pasado, cuando había obras.

Buscaremos, por el contrario, tecnologías y métodos de trabajo compatibles con el empleo intensivo de mano de obra, casi totalmente mano de obra local. Buscaremos también que las obras resultantes sean compatibles con el desarrollo local y regional.

No es esto lo que se ha planteado en el Plan Puebla-Panamá. Se ha puesto en un primer plano el identificar oportunidades de inversión, especialmente para el capital extranjero, y se ha ignorado, o dejado para un momento posterior, el hecho de que ahí ya vive gente. Y no sólo gente, existen comunidades que, en no pocos casos, tienen raíces profundas, a veces milenarias, en su tierra. Han desarrollado su propio modo de vida y su propia cultura. Y en no pocos casos, han tenido recientemente una actividad político-social bastante sostenida.

No parece que se tomen en cuenta experiencias ya vividas en nuestro país. Hace ya algún tiempo, en Tetelcingo, Guerrero, se quiso instalar una planta hidroeléctrica, como se habían instalado tantas otras. La población no quiso, resistió, y la Comisión Federal de Electricidad, que todavía construía, tuvo que descartar el proyecto después de haber gastado millones de pesos en él. Ya más recientemente sucedió algo similar con el intento de club de golf en Tepoztlán, Morelos. Todavía hubo otro caso parecido en el Nevado de Toluca, con el intento de un centro para esquiar en la nieve. Y tantos más.

Si se persiste en el camino de ponerse de acuerdo con los grandes inversionistas como punto de partida, ya será muy difícil hacer las cosas en forma tal que puedan obtener el apoyo de la población local. A lo mejor no está entre las funciones, ni entre las necesidades, ni entre las obligaciones de un inversionista, el conocer las comunidades indígenas, o los núcleos de ejidatarios, o simplemente a los pobladores de la región en la que van a invertir. Pero sí deben hacerlo los gobernantes de diferentes niveles e instancias, y hacerlo desde el principio, desde antes de que los proyectos sean definitivos. Si se quiere a como dé lugar arreglarse con los que ponen el dinero, y luego ver cómo se puede vencer o convencer a los pobladores, como en el caso del proyecto de nuevo aeropuerto en Texcoco y Atenco, las cosas no van a funcionar. Como no funcionó el ofrecimiento de vender la industria eléctrica, ni podrá funcionar el de entregar por 20 años zonas petroleras ricas en gas natural. Y después de eso, Ƒhasta cuándo les van a creer los inversionistas?

Un último comentario. Si, como se anunció, el PPP será coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, será la primera ocasión, tal vez, en la historia de México, que esa dependencia se ocupe no sólo de la parte externa del plan, sino también de la otra, cuya problemática es, como dijimos, de política interna.