"Están recurriendo a chicanadas
para obstaculizar investigaciones del IFE", dice
El desacato de la CNBV, un atentado: Barragán
Responsabiliza al gobierno de Vicente Fox del deterioro
en la imagen de los partidos
MIREYA CUELLAR
El Instituto Federal Electoral (IFE) no le apuesta al
desgaste de los partidos, por ello quiere esclarecer lo antes posible si
el PRI y la Alianza por el Cambio recibieron financiamiento ilegal durante
la campaña de 2000; "cualquiera puede cometer errores, y lo importante
es que el sistema los procese conforme a la ley, para que los institutos
políticos y sus candidatos lleguen al proceso electoral del próximo
año avenidos con la sociedad, purificados", señaló
el consejero José Barragán.
Para el consejero electoral, el gobierno del presidente
Vicente Fox será el responsable del deterioro de la imagen de los
partidos, si continúa obstruyendo las investigaciones del IFE y
prolonga un litigio que tiende un manto de desconfianza sobre las fuerzas
políticas. "A nosotros nos gustaría que terminara esto lo
antes posible, para que vuelva la confianza y los electores se vuelquen
sobre las urnas".
Doctor en derecho constitucional, Barragán dice
que el desacato de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
al IFE no es una cosa menor o intrascendente; "es un atentado en contra
de las instituciones democráticas del país... Si incumple
con su obligación de darnos la información sobre los gastos
de las campañas de 2000, no tendrá sentido mantener abierta
esta oficina; mejor la cerramos, si no nos permiten cumplir con nuestro
deber".
Descartó cualquier posibilidad de que el IFE vaya
a decretar una tregua en las indagaciones sobre las aparentes transferencias
de recursos de Pemex a la campaña del PRI, y el financiamiento extranjero
de los Amigos de Fox, para dedicarse de tiempo completo a la organización
del proceso electoral de 2003, como se ha comentado en los pasillos de
la institución.
"Por una u otra vía"
"La
ley nos da varias opciones para hacer la investigación. Algunas
personas físicas se han acercado a nosotros para darnos información
y otras nos la han hecho llegar de manera anónima... por una u otra
vía vamos a obtener lo que nos está negando la CNBV. A mí
me gustaría que su negativa no implicara una actitud de dolo, de
encubrimiento o de complicidad, porque la materia electoral es importante
como para no tomarla con seriedad".
-¿Estará buscando la CNBV un fallo específico
del tribunal electoral sobre los cheques del sindicato petrolero?
-Solamente los malos abogados llevan las cosas a esos
extremos; solamente ellos juegan con las prácticas dilatorias. Un
buen funcionario público cumple voluntaria y oportunamente con la
ley. Es verdad que nuestra administración de justicia está
llena de procedimientos dilatorios, precisamente por eso es de lo peor
que hay en el mundo.
"Entonces, que nadie diga 'ah, sí, qué bien,
la CNBV está haciendo uso de los recursos que le da la ley'; que
nadie se engañe, están recurriendo a chicanadas, corruptelas
autorizadas por la ley para obstaculizar las investigaciones".
-¿Hay temor de los consejeros ante la posibilidad
de que después de tanto escándalo no encuentren nada sancionable,
porque los recursos no hayan entrado finalmente al PAN o al PRI?
-No vamos a especular. Si hay errores, el IFE sancionará
a los partidos, porque no le corresponde sancionar conductas desde el punto
de vista ético o moral. Lo que no podemos permitir es que un partido
ingrese dinero, poquito o mucho, y no rinda cuentas, porque perjudica la
equidad de la contienda electoral.
"Además, suponiendo que los partidos hayan incurrido
en irregularidades, es importante que se esclarezca porque está
de por medio la salud de los partidos y del sistema electoral. Más
grave que las propias faltas sería que como sociedad no pudiéramos
procesar esas irregularidades en un momento que se supone de transformaciones
políticas.
"Siento que los partidos tienen deseos de colaborar con
el IFE, porque a ellos les conviene la transparencia. Un partido que recibe
financiamiento de origen ilegal u oscuro se perjudica a sí mismo,
porque crea vínculos informales con personas o grupos de poder.
Por eso es tan generoso el financiamiento público, para que ningún
partido caiga en las garras de ciertos grupos y al asumir el poder se vea
obligado a complacerlos en perjuicio del bien común."
-¿A qué atribuye la falta de colaboración
del gobierno con el IFE?
-La verdad es que en México accedemos al poder
no sólo con la intención, sino con el convencimiento teórico
y práctico de que nos pertenece. Y como nos pertenece, lo usamos
como queremos. Esa es una deformación inaceptable que tiene varios
orígenes, uno de ellos histórico: hubo una etapa en que los
cargos públicos se compraban, los particulares los adquirían
en términos de propiedad.
"Me parece que como parte del cambio político que
vive el país se deben ir sustituyendo estas visiones. Se llega al
poder para dar un servicio público que tiene reglas, que se basa
en leyes, y debe accederse a él o a cualquier puesto público
con la convicción de que hay un plazo para irse."
-Ultimamente las relaciones entre los miembros del Consejo
General del IFE se han deteriorado, no sólo por las distintas visiones
sobre cómo se deben llevar adelante las investigaciones sobre los
Amigos de Fox y el Pemexgate, sino por la forma como se ajustará
la normatividad interna para aplicar la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos a los consejeros. ¿Es real esta apreciación?
-El actual Consejo General está prácticamente
en la etapa final de su gestión, y ha enfrentado deliberaciones
muy difíciles. Una de ellas es cómo adaptamos los reglamentos
internos para que se nos aplique dicha ley a los consejeros. El tema provocó
un debate, porque su servidor se opuso a que fuera el contralor interno
del IFE quien recibiera las quejas contra los consejeros y valorara las
pruebas, y posteriormente una comisión de consejeros examinara el
expediente y propusiera una sanción, la cual sería votada
en el consejo.
"Yo creo que eso es muy peligroso. Primero porque no hay
fundamento legal para hacer ese ejercicio. En segundo lugar porque el contralor
acuerda con su superior jerárquico, que es el consejero presidente.
Entonces no se le puede permitir al presidente del consejo que pueda acordar
en contra de sus pares. Eso es absolutamente inaceptable. Mi opinión
es que corresponde a la Cámara de Diputados, que fue quien nos designó,
seguir cualquier procedimiento en nuestra contra", concluyó.