Sólo beneficiaría a caciques urbanos promovidos por el jefe Diego, señala Félix Castellanos

La SRA no recibirá fondos para cubrir indemnización, advierten legisladores

Arely Madrid: puede haber violencia en el campo si se da prioridad a un particular

ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

En México hay más de 300 resoluciones agrarias pendientes de resolver, buena parte de ellas en favor de miles de campesinos sin tierra. En casos de expropiaciones y compras de predios a ejidatarios se les ha llegado a ofrecer hasta 72 centavos por metro cuadrado, y aunque el promedio es de 35 a 40 pesos, destaca la desproporción con el monto de la indemnización que se ordenó entregar a los herederos de Gabriel Ramos Millán, cuyo caso lleva el despacho de Diego Fernández de Cevallos.

"Pagar a más de 3 mil 700 pesos el metro cuadrado de un terreno de 33 hectáreas en Santa Ursula Coapa, según la resolución judicial que benefició a los clientes del presidente de la mesa directiva del Senado, no sólo es ofensivo, sino que suscita sospechas sobre el tráfico de influencias que permitió fijar una indemnización de esa magnitud", advirtió el presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, el petista Félix Castellanos.

El también secretario de la Comisión de Programación y Presupuesto de esa cámara, la que tiene a su cargo responder a la solicitud de las autoridades hacendarias para autorizar recursos adicionales a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) -superiores al presupuesto que este año se le asignó- con el objetivo de pagar a los herederos de Ramos Millán, advirtió que "en forma alguna se permitirá que se quiten recursos a otras áreas sólo para beneficiar a caciques urbanos promovidos por Fernández de Cevallos".

En igual sentido se manifestaron legisladores de PRI, PRD y Verde Ecologista. Su respuesta fue tajante: "Para eso no habrá dinero".

Demasiada prisa

La presidenta de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, Arely Madrid Tovilla, criticó la prisa con que la Secretaría de Hacienda (SHCP) ha actuado para lograr que el Congreso apruebe la ampliación del presupuesto a la SRA. "Nos gustaría que también hubiera preocupación para resolver de manera global la problemática de miles de campesinos que también tienen resoluciones judiciales en favor y que no se han cumplido, pese a que para ellos es de vida o muerte".

Madrid Tovilla precisó que el promedio para el pago de indemnizaciones a campesinos es de entre 35 y 40 pesos el metro cuadrado, pero en muchas ocasiones se les ofrece por sus tierras hasta siete pesos el metro cuadrado. Hizo notar que la decisión de los diputados debe considerar que puede haber violencia en el campo si se da prioridad a un particular y se dejan rezagadas las demandas de ejidatarios y comuneros que exigen justicia.

Sobre el tema, el diputado Félix Castellanos, del PT, reveló que la comisión a su cargo propuso desde el año pasado a la titular de la SRA, María Teresa Herrera Tello, solicitar recursos presupuestales adicionales para cubrir el pago de indemnizaciones a campesinos, ya que hay ejecuciones por resolver en la Suprema Corte, "pero no hicieron el menor caso en ese momento, y ahora están presionando al Congreso a que autorice una cifra millonaria con el fin de pagar a los clientes del senador panista".

Insistió: "Es ofensivo que se pretenda dar más de mil 214 millones de pesos a una familia de caciques urbanos, emparentados con el ex procurador Antonio Lozano Gracia, mientras que en Acapulco la Comisión de Regulación de la Tenencia de la Tierra (Corett) ofrece pagar a ejidatarios a 72 centavos el metro cuadrado de sus terrenos.

"Las autoridades agrarias pusieron el grito en el cielo y les pareció escandaloso que los campesinos guerrerenses demanden que el metro cuadrado de sus predios se pague a 7 pesos, pero están dispuestas a que del erario público se destine una cifra superior al presupuesto de la SRA en beneficio de un cliente de Fernández de Cevallos".

Precisó que si bien el panista Luis Pazos, en su calidad de presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados, dijo que el martes tendrá ya un dictamen en torno a la autorización de recursos adicionales a la SRA, una buena parte de los integrantes de esa instancia se opondrán a que se erogue esa cifra millonaria.

"No estamos dispuestos en el Congreso a autorizar una ampliación presupuestal de esa magnitud, sin contar con los elementos técnicos y económicos que llevaron a valuar en más de mil 214 millones de pesos un predio de 33 hectáreas, y menos cuando hay sospechas del tráfico de influencias del senador panista".

Se preguntó por qué no se ofrece a los herederos de Ramos Millán un predio en otro lugar, como se ha hecho con los ejidatarios de San Salvador Atenco.

Igualmente, el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador de la fracción del PRI en San Lázaro, adujo que una solicitud de esa naturaleza "es muy delicada, porque proviene de un hecho muy cuestionado en la opinión pública, y sólo corresponde al Poder Ejecutivo determinar de dónde se obtendrán esos recursos, que son excesivos. Por lo pronto, nosotros los legisladores no permitiremos que se dé esa injusticia".

Sobre todo, agregó el priísta, "si tomamos en cuenta que los archivos de la Secretaría de la Reforma Agraria están repletos de casos que, como el ganado por el desapacho del senador Fernández de Cevallos, esperan desde hace años una resolución que no se ha dado por falta de recursos públicos".

-¿La SHCP emplazó a los diputados a dar una respuesta?

-Sí, pero esa no es obligación del Congreso, sino del Ejecutivo. Les debe quedar claro a las autoridades que no hay dinero y nosotros no vamos a recortar el financiamiento a los programas sociales. ¡De ninguna manera lo haremos!

El diputado José Manuel del Río, de Convergencia por la Democracia, también rechazó que el Congreso convalide tal indemnización. "Nosotros como representantes del pueblo no podemos avalar una sangría de recursos del erario, y menos que se recorte el presupuesto social".

A su vez, el diputado perredista Emilio Ulloa ironizó con el caso ganado a la SRA: "Todo quedó en familia. La esposa de Lozano Gracia es cuñada del demandante, y Diego no puede decirnos que no usó sus influencias para ganar el pleito jurídico". En todo caso, agregó, "que el presidente Vicente Fox organice una coperacha entre sus funcionarios y saquen el total de la indemnización, o por lo menos la mitad para pagar a Fernández de Cevallos".