Actitudes recalcitrantes con tal de sacar al mandatario, señala el vicepresidente Rangel

Pide el juez Garzón informes al BBVA sobre las aportaciones a la campaña de Hugo Chávez

Poca aceptación de los opositores venezolanos a la delegación del Centro Carter

AFP, DPA, PL Y REUTERS

Madrid, 26 de junio. El juez español Baltasar Garzón pidió al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) que en un plazo de cinco días le aporte la documentación que tenga sobre los pagos que efectuó a la campaña electoral del presidente venezolano Hugo Chávez y que permitan acreditar su legalidad, informaron fuentes judiciales.

Los sectores civiles pro golpistas venezolanos optaron por incursionar ahora por la vía de las demandas judiciales para sacar a Chávez de la presidencia, presentando una serie de demandas en su contra comenzando por la referente a los aportes del BBVA, que consideran ilegales por provenir de una institución extranjera.

Otras tres demandas presentadas a la justicia en Caracas se encaminan a inculpar al presidente de los cruentos sucesos previos al golpe del 14 de abril, de presunta malversación de fondos por 2 mil 300 millones de dólares de las ventas petroleras, y finalmente por presunto daño patrimonial al firmar un convenio con Cuba para la venta de crudo en condiciones preferenciales.

El vicepresidente de la República de Venezuela, José Vicente Rangel, denunció que esta actitud de la oposición más recalcitrante "prostituye" al Tribunal Supremo Judicial porque se basa en un afán por sacar al presidente Chávez del poder a toda costa, después de un fallo de la institución que permite que cualquier ciudadano denuncie ante ese tribunal a funcionarios sin recurrir a la fiscalía general.

En este contexto, la delegación del Centro Carter que se encuentra de visita en Venezuela ha encontrado poca aceptación de los partidos opositores para una eventual labor de "facilitación" del diálogo entre el gobierno y la disidencia.

En tanto, reportes de prensa en Bogotá informaron sobre un presunto grupo paramilitar colombiano que podría estar operando en Venezuela con la intención de sacar del gobierno a Chávez e impedir el ingreso a ese país de las guerrillas colombianas, en los estados fronterizos venezolanos de Apure, Táchira y Zulia.