Aumenta en México la práctica de la tortura, asegura la CNDH

Plantea perfeccionar técnicas para detectarla y combatirla

VICTOR BALLINAS

La práctica de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes no sólo persisten en el país, sino que las denuncias por ese delito han aumentado, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El secretario ejecutivo del organismo, Francisco Olguín, informó que en los primeros seis meses de 2002 se han recibido 16 quejas por tortura, contra nueve del año pasado.

Al conmemorarse ayer el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Francisco Olguín manifestó que es fundamental seguir perfeccionando las técnicas y los procedimientos para detectar la tortura, hacer causa común para combatirla frontalmente e impulsar reformas legales para impedir que un servidor público, de cualquier corporación policiaca, acusado de tortura sea investigado por la dependencia a la que está adscrito; es decir, el proceso de investigación debe estar a cargo de otra institución.

En conferencia de prensa, Olguín subrayó que el combate frontal e irrestricto a la tortura es uno de los caminos para garantizar el estado democrático de derecho, y sólo puede hacerse con el trabajo conjunto y el rechazo abierto y terminante de todos los actores sociales.

Destacó que además de la denuncia de parte de las víctimas, debe establecerse el derecho a la compensación y reparación del daño a las víctimas y ofrecer servicios de rehabilitación sicosocial y física a quienes han padecido esa práctica degradante.

Agregó que como parte del programa Províctima, la CNDH inició la atención sicológica a familiares de desaparecidos en la época de la guerra sucia en Sinaloa, con el propósito de ofrecerles apoyo en los casos detectados de síndrome de estrés postraumático. Se trata de familias vinculadas estrechamente con los casos de 42 personas que fueron víctimas de desaparición forzada en esa entidad.

Asimismo, señaló la necesidad de realizar reformas legales para que un procedimiento penal pueda ser anulado en forma total cuando se demuestre que una persona declaró bajo tortura.

Olguín reiteró los datos del primer informe sobre tortura en el país que realizó la CNDH y fue presentado en el seminario internacional efectuado en marzo pasado en Mérida, Yucatán.

Expuso que del total de recomendaciones emitidas por tortura entre 1988 y 1999, en 67.8 por ciento de las quejas recibidas se denunció que la tortura fue causada por golpes con manos, pies y objetos contundentes, y en 74.5 por ciento la víctima recibió amenazas contra él y sus familiares.

En dicho estudio, abundó, resalta que en 91 por ciento de los casos el propósito de los actos de tortura fue obtener una determinada declaración o confesión; en 4.7 se pidió dinero a la víctima a cambio de recuperar la libertad, y en 3.8 por ciento se exigió inculpar a otra persona.

Olguín detalló que 51.2 por ciento de las víctimas de tortura, cuyos casos han sido documentados por la CNDH en el periodo referido, fueron inculpadas por delitos contra la salud; 14.9 por homicidio; 4.4 por ciento por robo, y 3.2 por ciento por secuestro.

Al analizar las quejas y denuncias, la CNDH encontró que 38 por ciento de los presuntos responsables fueron agentes de la desaparecida Policía Judicial Federal; 21.6 miembros de las policías judiciales de los estados -Policía Ministerial-, y 15.6 del Ejército; 15.3 personal de penitenciarías y centros de reclusión, y 8.7 por ciento por servidores públicos de otras dependencias.