Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 23 de junio de 2002
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Estados

Se aprovecharían experiencias como las de Puebla, Monterrey y Guadalajara, dicen

Autoridades mexiquenses de Naucalpan buscarán la creación de una legislación metropolitana

SILVIA CHAVEZ CORRESPONSAL

Naucalpan, Mex., 22 de junio. Gustavo Cárdenas Monroy, secretario de Desarrollo Metro-politano, señaló que con sus similares del Distrito Federal buscará avanzar en la creación de una legislación metropolitana que contemple estatutos legales que permitan la solución de problemas urbanos y sociales de conglomerados metropolitanos del país, y que establezca obligaciones específicas para los municipios, los estados y la Federación.

Cárdenas Monrroy dijo que es necesario avanzar en materia legislativa constitucional y que en este objetivo se debe incorporar las experiencias de zonas metropolitanas como la de Puebla, Monterrey y Guadalajara, de tal forma que se dé paso a la creación de una agenda de trabajo que incluya circunstancias que deben ser abarcadas en los estatutos por crear.

Indicó que la conformación de organismos con carácter de metropolitano se ha visto limitada por la falta de un marco legal que los regule y les permita ejecutar acciones con carácter obligatorio. Destacó que no se cuenta aún, siquiera, para el caso del valle de México -en el que se concentran más de 18 millones de habitantes- con un fondo metropolitano que aglutine recursos económicos y humanos, tanto federales como estatales.

Dijo que a seis meses de la aprobación del paquete fiscal 2003 es tiempo de llevar a la mesa de debate propuestas como la creación de un fondo metropolitano, para avanzar en la consolidación de proyectos y obras básicas, que no se han efectuado porque una y otra entidades argumentan la falta de recursos económicos.

Cárdenas Monrroy refirió que en reuniones sostenidas con autoridades capitalinas se ha avanzado en problemas comunes de la metrópoli referentes al tren suburbano, vialidades y agua. Sin embargo, insistió en la creación de un marco constitucional que permita la certeza jurídica de que lo que se plantea y proyecta será apegado a derecho y con implicaciones de obligatoriedad.

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