Peligraban los niños, aduce funcionaria del instituto

Derechohabientes impugnan el cierre de guardería subrogada por el IMSS

ANGELES CRUZ

Mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio por terminado el convenio de subrogación del servicio de la guardería vecinal comunitaria Paz y Armonía -por supuestas "irregularidades graves" que ponen en peligro a 118 hijos de derechohabientes del organismo-, la propietaria y representante legal del inmueble, Elizabeth Mejía de Gyves, denunció actos de corrupción de funcionarios.

En medio del conflicto, los padres de familia no habían recibido hasta ayer una notificación oficial sobre el cambio de adscripción de sus hijos. De entrada, varios de ellos están en contra de la decisión. "No fuimos consultados y si venimos aquí es porque nos queda cerca y los niños están muy bien atendidos", expresaron.

Para manifestar su inconformidad ante lo que consideran una arbitrariedad, los padres de familia informaron que interpondrán una demanda de amparo, y ayer mismo solicitaron el apoyo de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Las guarderías vecinales comunitarias son la modalidad introducida por el IMSS para dar respuesta a la demanda de las madres derechohabientes. De hecho, son esas estancias las que en la actualidad atienden al mayor número de niños.

Dora Isabel García Kebeh, coordinadora de guarderías del IMSS, informó que de las mil 159 unidades con que se presta el servicio a 139 mil 400 niños en todo el país, 692 corresponden al sistema de vecinales comunitarias, las cuales atienden a 81 mil menores.

Son inmuebles propiedad de particulares que establecen un convenio de subrogación de servicios con el instituto, que se renueva cada año.

La funcionaria afirmó, en entrevista, que la estancia infantil Paz y Armonía ha incumplido de manera reiterada los lineamientos establecidos para la prestación del servicio, y puso de ejemplo la falta de personal de vigilancia en la entrada del inmueble, así como la sobresaturación de las salas.

Ambos aspectos, agregó García, ponen en riesgo la seguridad de los niños. La responsabilidad del IMSS es evitar cualquier anomalía. "Si ahora no hacemos nada y pasa un accidente, nos señalarían por irresponsabilidad", aseveró.

Además mencionó anomalías de índole administrativa. Entre las más importantes está la alteración de las listas de asistencia de los niños a la guardería. Subrayó la gravedad de esta falta, pues de acuerdo con el convenio de subrogación, el IMSS paga a la guardería mensualmente por cada niño que haya asistido a la estancia.

Ayer mismo La Jornada visitó la guardería Paz y Armonía, ubicada en la colonia Prado Coapa, y había vigilancia en la entrada. Mejía de Gyves admitió que el inmueble tiene capacidad para atender a 96 niños, pero tiene inscritos a 128 porque el IMSS le paga un promedio de asistencia, en este caso la primera cifra. Con la sobreinscripción y las inasistencias asegura el pago mínimo mensual por los 96 menores.

Mejía explicó que desde el principio de su relación con el Seguro Social, en mayo de 2000, tuvo problemas.

Explicó que la entonces jefa de guarderías de la delegación 4 sureste del Distrito Federal, Blanca Sauri Arce, le puso innumerables e injustificados requisitos para poder empezar a trabajar.

Aseguró tener conocimiento de otras estancias que operan con suelos y techos que a ella le exigieron modificar. Incluso, abundó, en otras delegaciones las actividades se suspenden algunos días, como el 10 de mayo, "y no pasa nada", mientras que a Paz y Armonía se le acusa también de suspender el servicio en forma injustificada, lo cual, sostiene, no ocurrió.

Añadió que ha cumplido con todos y cada uno de los requerimientos del instituto. Exigió que se realice una investigación seria de los "atropellos de que ha sido víctima" y que en su momento denunció ante la contraloría interna del Seguro Social. Después de eso, "si se comprueba que esta guardería no funciona bien, que se cierre", retó.

Mientras tanto, los padres de familia -que ayer se reunieron en la guardería para luego acudir a la Cámara de Diputados- dijeron no tener información oficial del IMSS sobre las deficiencias que posiblemente se registren en la guardería. Por el contrario, expresaron su apoyo a la dueña de la estancia, pues, señalaron, ellos y los niños tienen muy buena atención.

Al respecto, la coordinadora de guarderías del instituto puntualizó que la rescisión del convenio de subrogación no se origina por la calidad y calidez del servicio, sino por cuestiones más profundas que "posiblemente los papás no se percaten, pero sí son mi responsabilidad".

Aun sin tener información oficial sobre la problemática, los derechohabientes se quejaron de estar recibiendo llamadas telefónicas en las que se les exige acudan a la clínica 32, ubicada en Calzada del Hueso, para firmar los documentos en que dan su aprobación para cambiar de adscripción a sus hijos.

Araceli Gutiérrez Pacheco afirmó que una mujer que se identificó como María Elena Gómez le llamó por teléfono, y primero dijo que hablaba de la guardería; luego, que de la clínica 32. Ni siquiera sabía si el hijo de Araceli es niño o niña, pero sí le urgió a firmar el documento y a asistir a una junta el próximo lunes a las 4 de la tarde en esa clínica.

Tras reiterar sus respaldo a la dueña de la guardería Paz y Armonía, los padres llamaron la atención sobre el hecho de que exista una lista de espera de 96 niños para ingresar a esa estancia. Reclamaron respeto a los derechos de sus hijos porque, aseveraron, "no son cosas que podamos mover al antojo de los funcionarios".