Protestan contra la dependencia por la demanda de invalidez de ley mercantil

Clausuran diputados instalaciones de la PGR

El juicio, en manos de la Corte, no frenará la verificación de sucursales, señalan

LAURA GOMEZ

Diputados locales del PRD clausuraron ayer en forma simbólica instalaciones de la Procuraduría General de la República en protesta por la demanda de invalidez presentada por su titular, Rafael Macedo de la Concha, en contra de la Asamblea Legislativa para que la Suprema Corte declare nulas algunas de las reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, que obliga a los bancos a ofrecer las condiciones mínimas de seguridad a los usuarios.

Encabezados por su coordinador parlamentario, Alejandro Sánchez Camacho, calificaron esa actitud como "fuera de lugar y con una clara inclinación a proteger a los señores del dinero y no al pueblo, como es su obligación, cuando dichas modificaciones no pretenden regular el servicio de la banca o la forma como realizan sus operaciones financieras y crediticias".

Apoyados con pancartas y mantas, donde se leían leyendas como "ahora sí, los ricos también lloran", y "no nos vamos a dejar pisotear", precisaron que ese juicio constitucional no frenará la aplicación de la ley, pues las autoridades capitalinas están facultadas para seguir aplicándola hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva que las normas son inválidas.

La defensa de la PGR, destacaron, obedece principalmente a que los banqueros han manifestado su oposición a pagar su propia seguridad, con un costo de entre 250 y 300 millones de pesos anuales, para la contratación de 3 mil policías y su distribución en mil 400 sucursales en la ciudad, pues "quieren que la ciudadanía siga pagando esta cantidad, como sucede con el IPAB, con un valor de 750 mil millones de pesos".

Así que la demanda de una controversia constitucional "sólo obedece a la necesidad de proteger, una vez más, a los ricos, aquellos que se han visto beneficiados con millonarios rescates, quienes no pueden decir que carecen de dinero para hacer frente a este gasto, pues sus márgenes de ganancia son enormes, y tampoco permitirles estar fuera o por encima de la ley, por lo que continuarán los operativos de verificación", advirtió.

Marcos Morales, Yolanda Torres Tello y Emilio Serrano señalaron que la ley se seguirá aplicando en las 16 delegaciones políticas sin importar las acciones que emprenda el gobierno federal para amedrentarnos, por lo que resulta desafortunado que una vez más la balanza se incline para proteger a los dueños de los grandes capitales y dejen en el desamparo a los miles de capitalinos que acuden a las instituciones bancarias.

Los perredistas informaron que la ALDF ya busca la asesoría de algún constitucionalista experto, como Ignacio Burgoa Orihuela, para que los represente ante las autoridades judiciales, pero será hasta la próxima semana ?el miércoles? cuando la Comisión de Gobierno tomará una determinación al respecto. Confían en que la controversia no prosperará, ya que no se invade ninguna esfera de competencia ni se busca intervenir en el funcionamiento mercantil de los bancos.