Análisis del sol azteca señala que la apertura llevaría a la desaparición de los subsidios

La deuda pública crecería de forma alarmante si se abre la electricidad a inversión privada: PRD

Error a la mexicana, absorber débitos de las firmas a privatizar para restituirles valor, anota
La propuesta del gobierno es que no garantiza per se el flujo de inversiones al sector

ROBERTO GARDUÑO

Abrir el mercado eléctrico a la inversión privada implicaría un "alarmante" crecimiento del endeudamiento público, porque en los 10 años anteriores el gobierno obtuvo, por venta de carreteras, bancos e ingenios, 15 mil 500 millones de dólares, y el valor del rescate de esos sectores superó los 85 mil millones de dólares, refiere un estudio del PRD.

Se considera que abrir el mercado eléctrico implicaría el libre acceso a la red nacional de transmisión a los comercializadores privados; el desarrollo de contratos bilaterales de largo plazo que serían pactados libremente por compradores y vendedores y la desaparición definitiva de los subsidios.

Y es que un error a la mexicana ha sido la absorción de la deuda de las empresas a privatizar, con objeto de restituirles su valor. Hecho que significa una señal equivocada para los inversionistas, "quienes asocian el concepto de privatización con el de absorción de pasivos por parte del gobierno.

En el caso de la industria eléctrica, contribuye con 8 por ciento de los ingresos públicos totales, atiende a 22 millones de usuarios cubriendo 95 por ciento del territorio nacional y otorga empleo directo a más de 100 mil personas.

Dada la trascendencia, importancia y tamaño de las empresas del sector eléctrico, la administración de Ernesto Zedillo, abrió parcialmente la posibilidad de la inversión privada en el sector. Durante los últimos cuatro años la estrategia del gobierno para la expansión de esa actividad fue incluir, mediante la ley reglamentaria, los esquemas de construcción-arrendamiento-transferencia (CAT), con objeto de ampliar la capacidad de generación para 2003 en 2 mil 102.5 megavatios, y la distribución y transformación a lo largo de tres mil 663 kilómetros.

Se pondría en duda viabilidad de una política de subsidios

Con ese resquicio abierto a los capitales privados, las administraciones de Ernesto Zedillo primero, y Vicente Fox, posteriormente, tratan de reformar la Constitución para restructurar desde un punto de vista mercantil el sector de la energía eléctrica.

De aceptarse los cambios propuestos para esa actividad, los mexicanos nos encontraríamos con la transformación de los actuales organismos públicos (CFE y Luz y Fuerza del Centro) para ser sustituidos por una empresa encargada del sistema nacional de transmisión denominada red eléctrica nacional. La creación de un organismo público descentralizado, cuyo nombre sería centro de operación del sistema eléctrico nacional, encargado de la red de transmisión y del mercado eléctrico mayorista.

Además, el libre acceso a la red nacional de transmisión abriría la posibilidad de que los usuarios calificados participaran directamente o por conducto de comercializadores en el mercado eléctrico mayorista. Pero sobre todo, se pondría en duda la viabilidad de una política de subsidios que alcanzara a todos los sectores de la sociedad.

De ser posibles las modificaciones constitucionales propuestas por el Ejecutivo, los cambios implicarían reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución; la expedición de una nueva ley de la industria eléctrica; reformas a la ley de la Comisión Nacional Reguladora de Energía; expedir reglamentos de la Ley de la Industria Eléctrica; otorgar concesiones y permisos para realizar actividades en la industria eléctrica; crear normas oficiales en materia de operación y mantenimiento del sistema eléctrico; expedir directivas de la comisión reguladora de energía, y establecer las reglas para la operación del Mercado Eléctrico Mexicano (MEM).

Los puntos finos

De toda aquella suerte de modificaciones se desprendería que el cambio en el sector eléctrico sería total. Es decir, la propuesta del Ejecutivo sería absolutamente viable para hacer eficiente esa actividad.

No obstante, se presentan algunos imponderables. Como el de la proyección gubernamental de la demanda, que ronda en 6 por ciento anual, cuyos argumentos conllevan una sobrestimación en vista de lo siguiente: durante los 20 años recientes, la generación bruta de electricidad ha crecido por encima de la economía y a pesar de los recortes al gasto público, que han reducido la inversión física y financiera en el sector.

Por otro lado, las inversiones necesarias para satisfacer la demanda durante los próximos años ascienden a 250 mil millones de pesos. Sin embargo, si se considera que los ingresos propios de la paraestatal son de alrededor de 105 mil millones de pesos anuales, "lo que se requeriría es modificar el marco tributario de las empresas, para permitir que se pueda destinar una mayor proporción de ingresos a la inversión en infraestructura. Conviene mencionar, que los ingresos generados por la CFE en el 2001 representan aproximadamente 50 por ciento del total de la inversión requerida y estimada por el gobierno".

Además, uno de los problemas de la propuesta del gobierno es que no garantiza per se el flujo de inversiones al sector, porque se debe recordar cómo fluye el capital privado, cuya naturaleza implica eliminar el subsidio al precio de venta del fluido eléctrico, y cambiar el régimen fiscal de las empresas del sector energético.