Orlando Delgado
La huelga general: instrumento de la democracia
Este 20 de junio ha estallado una huelga general en España. Las principales centrales sindicales, UGT (Unión General de Trabajadores) y CCOO (Comisiones Obreras), llamaron a defender la democracia agredida por la decisión unilateral del gobierno de Aznar que pretende reducir el derecho a la protección por desempleo, facilitar los despidos y la creación de empleos temporales, eliminando los salarios de tramitación. La democracia se defiende con la paralización de todas las actividades del país, para obligar al gobierno a dar marcha atrás en su propuesta de reducción del seguro de desempleo. En una democracia, el gobierno, aunque haya sido electo mediante una mayoría cómoda, tiene que discutir con los sectores las modificaciones legales que les afecten y aceptar sus opiniones.
En este caso el gobierno del Partido Popular (PP) planteó a las representaciones sindicales su propuesta de modificación de las condiciones del seguro de desempleo, pero cuando se dio cuenta de que no llegaría a los acuerdos requeridos, unilateralmente aprobó un decreto-ley que hace las modificaciones que planteó. El PP considera que las elecciones son la única fuente de legitimidad de un gobierno y por ello se sienten facultados para hacer las modificaciones legales que les parezcan pertinentes, aunque los sectores implicados no estén de acuerdo. Para lograrlo plantean que el asunto es exclusivamente de competencia del Congreso, en el que cuentan con una mayoría cómoda.
El conflicto se da en una economía que modificó su ritmo de crecimiento de alrededor de 2.5 por ciento en los primeros años de la década de los 90, pasando en el cuatrienio 1997-2000 a un crecimiento superior a 4 por ciento y que, como todas las economías del mundo, en 2001 vio una reducción de ese ritmo para lograr un modesto 2.8. En el curso de esa década, la economía española logró reducir sus tasas de desempleo de niveles de 24.2 en 1994, uno de los más altos de Europa, a 13 por ciento en 2001, que sigue siendo de los más altos de la Unión Europea. Al mismo tiempo se conseguían incrementos promedio anuales en los salarios reales de alrededor de tres puntos porcentuales durante los ocho años anteriores, confirmando que es posible obtener tasas significativas de crecimiento del producto con mejoría en los salarios reales y manteniendo una distribución factorial del ingreso, esto es, la participación de salarios y ganancias en el producto nacional, en la que las remuneraciones alcanzan cerca de 50 por ciento.
Por esto la distribución española del ingreso es de las menos inequitativas, ya que el 10 por ciento más rico de la población se apropia de 25.2 por ciento del ingreso en tanto que el extremo opuesto, el 10 por ciento más pobre, se apropia 2.8 por ciento, lo cual quiere decir que los más ricos retienen nueve veces más ingresos que los más pobres.
Para valorar estos datos vale recordar la distribución del ingreso en México: el decil más rico se apropia de 41.1 del ingreso, en tanto que el decil más pobre sólo retiene 1.1 por ciento. Nuestros ricos se apropian 37 veces más ingreso que los más pobres.
La huelga general pone en el centro del debate lo que puede hacer una mayoría parlamentaria. En el primer gobierno del PP existieron diferencias entre los sectores asalariados y el gobierno, que fueron resueltas mediante el procedimiento democrático por excelencia: la discusión. En ese gobierno el PP no contaba con mayoría. Sin embargo, en su segundo periodo de gobierno, cuenta con mayoría absoluta, lo que les ha permitido, como señalan los dirigentes sindicales, "convertir el diálogo en una caricatura", actuando con la legitimidad que le dan los votos. Los asalariados españoles decidieron desafiar esa manera de entender la democracia y paralizar el país.
En una economía pujante, con clara perspectiva de futuro, la democracia se está defendiendo con una huelga que propone mantener los derechos de los desempleados, que no busca mejorías económicas directas, pero pone en el centro a los desprotegidos en contra de una mayoría parlamentaría que pretende vulnerar esos derechos.
La lección para nosotros es clara: las derechas convertidas en mayorías absolutas en los parlamentos son capaces de llevar propuestas basadas en sus intereses, lejos de lo que requiere la población.
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