La CNBV, sin datos de alguna operación financiera ilegal del inculpado desde 1991

Listo, el expediente de consignación por peculado contra Raúl Salinas de Gortari

Hay pruebas para demostrar responsabilidad del hermano del ex presidente, asegura la PGR

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El pliego de consignación por el delito de peculado contra Raúl Salinas de Gortari y los hermanos Araceli y Francisco Vázquez Alanís está listo. Sin embargo, desde el 21 de enero pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó a la Procuraduría General de la República (PGR) que no existen registros de que el hermano del ex presidente Carlos Salinas haya efectuado alguna operación financiera ilegal de 1991 a la fecha.

El expediente, que supuestamente será enviado a un juez federal días después de que autoridades de Suiza entreguen a la PGR los documentos que componen la investigación que por nexos con narcotráfico se desarrolló durante casi siete años a Raúl Salinas, se compone de unas 400 supuestas pruebas jurídicas, listadas en 120 páginas.

La PGR asegura que existen todos los elementos probatorios de la culpabilidad de Raúl Salinas y coacusados, por lo que solicita (así está escrito) las correspondientes órdenes de aprehensión.

"Pliego de consignación por el delito de peculado en contra de Raúl Salinas de Gortari, Araceli Vázquez Alanís y Francisco Vázquez Alanís", indica un recuadro con un fondo gris, en la portada.

El documento inicialmente se encontraba bajo resguardo de una oficina dependiente de la Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo, pero desde el pasado jueves, según fuentes de la PGR, fue "asegurado" por personal de la Visitaduría y Contraloría internas de la dependencia, al tiempo que las computadoras en las que se archivó durante meses la indagatoria fueron inspeccionadas y su memoria revisada para saber cuáles fueron las más recientes operaciones que se efectuaron.

Se reveló que agesntes del Ministerio Público del área en cuestión fueron interrogados durante varias horas por su supuesta responsabilidad en la publicación de datos de la averiguación previa SE/028/96-06.

Según fuentes de la dependencia que dirige el general Rafael Macedo de la Concha, el expediente de Raúl Salinas fue transferido a una de las subprocuradurías de Procedimientos Penales para su análisis.

En tanto, la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales está a la espera de poder confirmar a las autoridades helvéticas la aceptación del caso Raúl Salinas, el cual no fue concluido por el juez suizo Paul Perraudin, quien informó a la PGR su imposibilidad de continuar investigando y que no pudo comprobar el origen ilícito, específicamente por narcotráfico, de los 114 millones de dólares que se encuentran depositados en bancos de ese país europeo a nombre de Raúl Salinas y algunos de sus alias.

Como informó La Jornada en exclusiva, en un oficio del 6 de mayo la subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo, María de la Luz Lima Malvido, solicitó al juez Perraudin la inmovilización de las cuentas de Raúl Salinas, asegurándole que la PGR había obtenido "nuevos e importantes medios de prueba que permiten establecer fehacientemente que fueron desviadas grandes cantidades de dinero provenientes de fondos públicos".

En el documento, Lima Malvido afirmó que entre 1989 y 1994, Raúl Salinas recibió más de 200 millones de dólares de manera ilícita, ya que fueron distraídos de su legal aplicación de la llamada partida secreta presidencial, durante el mandato de Carlos Salinas.

La PGR indica que de manera directa participaron en la transferencia ilegal de recursos el entonces director general de Administración de la Presidencia de la República Ernesto Sentíes Hoyos, supuestamente muerto de cáncer en agosto de 1998, a quien la PGR investiga luego de descubrir un pasaporte con sellos de una autoridad migratoria estadunidense con fecha posterior al presunto deceso.

La dependencia de Macedo de la Concha refirió a Perraudin que los hermanos Araceli y Francisco Vázquez Alanís ayudaron a Sentíes Hoyos en la comisión del delito de peculado, al haber permitido que cuentas de las que eran titulares sirvieran de puente para que el dinero llegara a fondos de Raúl Salinas.

Además, la PGR obtuvo durante un cateo a la casa de Sentíes Hoyos, en noviembre de 2001, documentos sobre el manejo de la partida secreta del presidente Miguel de la Madrid Hurtado y datos acerca del conocimiento que sobre entrega de recursos de esa partida tuvo el entonces secretario particular del presidente, Carlos Vega Memije, hoy subprocurador de Procedimientos Penales B.

Sentíes Hoyos conoció el manejo discrecional de recursos que se hacía de la partida secreta, puesto que fungió como director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, bajo las órdenes de Carlos Salinas en 1986, y obtuvo entre otras cosas "el escrito-informe de Asuntos Confidenciales que se llevaron en la secretaría privada del secretario de Programación y Presupuesto (Carlos Salinas) relativo a entregas de fondos a diversas personas y entidades a cargo de la partida 2.00023.50.00.00.8100.1.1.7", de acuerdo con las constancias ministeriales de la PGR dentro de la averiguación previa contra Raúl Salinas.

Supuestamente, algunos de los documentos obtenidos por las autoridades suizas servirán a la PGR para sustentar las acusaciones contra Raúl Salinas, en el sentido de que los recursos depositados en aquel país provinieron del erario.

Sin embargo, el 25 de enero de 2001, mediante el oficio 601-1-22103/02, firmado por el gerente de Investigación y Análisis de Operaciones Ilegales de la CNBV, se informó a la PGR que "después de una búsqueda en los archivos a partir de 1991 y en el sistema de datos, que comprende del primero de enero de 1996 a la fecha, no existen los nombres de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez, Margarita Nava Sánchez, Raúl Salinas de Gortari, Adriana Gómez Gutiérrez, Rolando Gutiérrez García, Juan José González Cadena, Manuel Nava Sánchez y Juan Manuel Gómez Gutiérrez".

Esto es, que la CNBV no encontró que Raúl Salinas ni algunos de sus alias o sus presuntos prestanombres hayan hecho transferencias consideradas ilícitas desde 1991 a la fecha, establece la información asentada en la foja 28 mil 260 de la averiguación previa.