Angel Guerra Cabrera
Guatemala: farsa condensada
Hina Jilani, relatora especial de la ONU, declaró en Guatemala que los defensores de derechos humanos son "sometidos a agresiones, vigilancia, desaparición, e incluso la muerte". Su visita obedecía a la protesta del movimiento social guatemalteco y a la presión internacional ante esas prácticas, de nuevo cada vez más comunes y escandalosas en el país centroamericano. Antes de la llegada de Jilani había sido asesinado a la luz del día, en el centro de la capital, un funcionario de la Fundación Rigoberta Menchú, organismo dedicado a la lucha contra la impunidad del genocidio patrocinado por la CIA en Guatemala y en América Latina.
Guatemala condensa descarnadamente la farsa en que han devenido las transiciones a la democracia en nuestra región. A poco más de cinco años de la firma de los acuerdos de paz la realidad niega lo que se plasmó en el papel. No se realizó la reforma fiscal llamada a lograr una distribución más justa del producto en uno de los países donde es más inequitativa: 2 mil familias se apropian de la mitad de la riqueza nacional y 60 por ciento de la población está desempleada, la mayor parte en zonas rurales donde el año pasado comenzó a morir gente de hambre. No se han aprobado, como establecen los acuerdos, los instrumentos jurídicos que propicien la solución de los conflictos agrarios mediante la negociación entre las comunidades y los latifundistas; éstos, usufructuarios de casi toda la superficie que un día perteneció a aquéllas. Los desalojos y la represión a los campesinos son una constante. No se ha reducido el presupuesto del ejército, que el año pasado ejecutó casi el doble del aprobado mediante transferencias ilegales de otras dependencias. El gasto en educación y salud, que debía aumentar, ha disminuido. Donde un cuarto de la economía descansa en el trabajo infantil más de un millón de niños no asisten a la escuela. La población rural, mayoritariamente indígena, estaría totalmente marginada de la atención sanitaria primaria de no ser por la presencia de una brigada médica cubana. No se ha avanzado en el fortalecimiento del poder civil y, al revés, los militares han regresado a ocupar espacios crecientes en los asuntos públicos. No se ha iniciado la reforma de la administración de justicia y permanecen impunes los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. No se ha concretado la sociedad multiétnica, pluricultural y plurilingüe, que reconocería el derecho de la mayoritaria población maya a la existencia digna y la inclusión en la construcción nacional con respeto a su cultura e identidad. Para que se cumplieran los acuerdos de paz era necesario el fortalecimiento del estado de derecho y sus instituciones y una voluntad de propiciar la participación ciudadana, pero ocurrió justamente lo contrario. El Estado reforzó su subordinación a Estados Unidos, ahora como instrumento exclusivo del proyecto de recolonización iniciado con el Consenso de Washington, en el que la oligarquía y las mafias civiles y militares disputan por el asalto a las arcas públicas y por el poco espacio económico que dejan las trasnacionales; la corrupción y el narcotráfico se hicieron orgánicos al poder bajo el (des)gobierno de Alfonso Portillo, quien no ha mostrado intención alguna de diálogo con la sociedad.
El régimen guatemalteco continúa siendo el mismo aparato de terrorismo de Estado erigido sobre la sangrienta ola represiva contrarrevolucionaria iniciada con la intervención yanqui de 1954. Guatemala fue el laboratorio de la represión extendida luego por la CIA a todo el continente, conocida en el Cono Sur como Operación Cóndor.
Es inaplazable la reflexión sobre la relación deliberada de este gran operativo genocida con la creación de las condiciones políticas que luego harían posible la implantación más ortodoxa de los dogmas neoliberales en América Latina. Arrojaría luz sobre una de las razones fundamentales que llevaron a la desarticulación y debilitamiento de gran parte de la izquierda en la región y permitiría también explicarse mejor la subordinación bochornosa ante Washington a que ha llegado la clase política latinoamericana.
Más urgente aún es la solidaridad con quienes luchan por el cumplimiento de los acuerdos de paz en Guatemala y contra la impunidad como requisito indispensable de su viabilidad, sometidos hoy a un terror planificado y sistemático desde la cúpula del Estado.
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