El líder del ERPI cumple 55 días en huelga de hambre

Derechos Humanos de la ONU atiende el caso de Jacobo Silva

BLANCHE PETRICH

La oficina de Mary Robinson, titular del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dio entrada, con carácter de urgente, a una demanda de atención al caso de Jacobo Silva Nogales, comandante Antonio del ERPI, quien este jueves cumple 55 días de huelga de hambre en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y, según informó su hija Leonor Araceli Arenas a La Jornada, "se encuentra al borde de la muerte".

La instancia internacional no especificó en qué plazo se pronunciará sobre el caso, pero se espera que sea en breve, ya que el 20 de junio Robinson tiene prevista una visita -no oficial, pero no menos significativa- a la ciudad de México. Existe el antecedente de un documento de trabajo emitido por la ONU desde 1999, en el que se sostiene que en el arresto de Jacobo Silva, su esposa Gloria Arenas, coronela Aurora, y otros dos coacusados las autoridades mexicanas cometieron violaciones al derecho humanitario, entre ellas detenciones arbritrarias, incomunicación de los detenidos y negación de abogados defensores durante sus primeros días de arresto, torturas para declararse culpables y negación a un juicio justo. La ONU no recibió respuesta a esa requisitoria ni durante la administración anterior ni en la actual.

Leonor, hija de Jacobo Silva y Gloria Arenas, ambos presos y en huelga de hambre, expresó vía telefónica su preocupación porque su padre "se encuentra al borde de la muerte, sin que las autoridades den señales de querer ofrecer alguna solución" sobre la demanda del presunto comandante Antonio. Desde Vancouver -donde está en marcha un proceso de solicitud de asilo político para la joven Arenas, de 21 años, por considerarse perseguida política en México- expresó: "El gobierno mexicano no debe dejar morir a nadie así".

"Ultimas fuerzas"

Asimismo, Elizabeth Silva Nogales, hermana de Jacobo, informó a La Jornada que éste le dijo vía telefónica: "éstas son mis últimas fuerzas". Hospitalizado dentro del penal desde hace un mes, dijo sentir fuertes dolores de cabeza y escalofríos.

Detenido en circunstancias confusas en octubre de 1999 junto con su esposa Gloria Arenas, coronela Aurora, reconoció en las indagatorias judiciales ser dirigente del ERPI, aunque negó los cargos que le imputa la PGR, incluido el de homicidio. Los dos denunciaron haber confesado crímenes no cometidos tras largas sesiones de tortura durante el periodo inicial de su detención, mientras permanecieron incomunicados.

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos omitió pronunciarse sobre las denuncias de tortura de ambos presos y dos coacusados más, un grupo de trabajo de la ONU y Amnistía Internacional se pronunciaron en apoyo a la demanda de los detenidos y emitieron observaciones sobre la violación de derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas.

Leonor denunció que tras varios meses de percibir ser seguida por desconocidos, el pasado 14 de marzo fue atropellada por un vehículo que se subió a la banqueta por la que ella caminaba. El 28 de marzo abandonó México y viajó a Vancouver, donde vive su tío materno Felipe Velasco, quien llegó a Canadá en noviembre de 1999 -poco después del arresto de Jacobo Silva y Gloria Arenas-, con su esposa y sus cuatro hijos; ese mismo año recibieron estatus de refugiados políticos.

A raíz de la detención de sus padres, Leonor Araceli abandonó sus estudios de preparatoria en Acapulco, donde era constantemente hostigada. Vino a radicar al Distrito Federal, donde empezó a estudiar, pero el atentado en su contra, ocurrido en San Lorenzo Tezonco, la orilló a abandonar el país y pedir asilo. "Me fui con dolor en mi corazón (...) pero sé que mi vida peligraba", afirmó.

El pasado 29 de mayo presentó petición de asilo político ante la Comisión de Refugio del gobierno canadiense. La semana pasada recibió una respuesta oficial de que las autoridades dieron entrada a su demanda. El juicio para dar una respuesta definitiva deberá cumplirse en un plazo aproximado de dos meses.

Uno de los argumentos centrales que presentó la hija de los comandantes Antonio y Aurora es que en su país es perseguida en función de sus lazos familiares con los detenidos. También figura el argumento de que una de las abogadas de sus padres, Digna Ochoa y Plácido, fue asesinada (19 de octubre de 2001) apenas 10 días después de hacerse cargo del caso. Asimismo, luego del homicidio de Digna se han multiplicado las amenazas de muerte contra la otra defensora, Bárbara Zamora.

Por otra parte, también desde Vancouver, Felipe Velasco, primo de la joven Arenas, informó que el martes 11, el Alto Comisionado de la ONU y Human Rights Watch (HRW) conocieron "con carácter de urgente" el caso.

HRW envió el mismo martes un llamado urgente a congresistas estadunidenses para que se pronuncien sobre el caso.