Por eso se integró la denuncia de enriquecimiento ilícito
El edil de Atizapán no ha acreditado bienes por $8 millones: PGJEM
SILVIA CHAVEZ CORRESPONSAL
Tlalnepantla, Mex., 7 de junio. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que en el delito de enriquecimiento ilícito que se integra contra el alcalde de Atizapán de Zaragoza con derechos rescindidos, Juan Antonio Domínguez Zambrano, se estimó de acuerdo a que en su manifestación no ha logrado acreditar la posesión de bienes y recursos económicos por más de 8 millones de pesos.
La dependencia informó que con esta información solicitó a la Contraloría general del estado de México integrar el dictamen correspondiente sobre el delito que se imputa a Domínguez Zambrano, procesado en el penal de Barrientos por los delitos de extorsión, fraude, delincuencia organizada y homicidio calificado.
De acuerdo con la manifestación de bienes del procesado, la procuraduría de Justicia estatal informó que se confirma la existencia de prestanombres para encubrir bienes de Domínguez Zambrano. Entre estas anomalías destacó el caso de tres letras de cambio, que cuantifican más de 4 millones de pesos, que presuntamente el indiciado reporta como préstamos hechos a particulares.
Además, la dependencia estableció que Domínguez Zambrano no acreditó un préstamo por 2.5 millones de pesos que aseguró haber hecho a uno de sus acreedores, porque esta persona desmintió este hecho. Asimismo, el edil con derechos retirados falseó información al señalar que Leonor Castillo Alvarez prestó un millón de pesos. En las indagaciones de concluyó que esta persona no existe.
Se dio a conocer que el edil panista no justificó la compra de tres predios en el desarrollo habitacional Predio Largo, en transacciones que hizo en marzo de 2000, y el mismo día pagó la cantidad de 8 millones de pesos.
Asimismo, en poder de la dependencia estatal obra información sujeta a investigación, como la existencia de 2 mil 500 centenarios valuados en más de 8 millones de pesos y dos departamentos, cuya posesión estaría por justificarse.
De acuerdo con la información recabada, la procuraduría estatal solicitó a la Secretaría de la Contraloría se proceda a liberar el dictamen correspondiente, para incorporarlo a la averiguación previa que se sigue contra el edil por el delito de enriquecimiento ilícito, el cual estaría debidamente acreditado.