Priístas y perredistas los echaron de la comunidad para instalar a gente de la Orcao

Advierten zapatistas: "si el gobierno no saca de San Pedro a invasores lo haremos nosotros"

Ni las autoridades se atreven a ir al poblado, que está en poder de 30 paramilitares

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Municipio de Sitala, Chis., 7 de junio. El representante de los 28 desplazados zapatistas de San Pedro Buena Vista dice reiteradamente que "si el gobierno no saca de buena forma" a los invasores que los echaron violentamente de su comunidad, "entonces la vamos a recuperar nosotros". Hablando en tzeltal, y traducido por un campesino de Sitalá, el hombre expresa, frente a las familias expulsadas (un montón de niños pequeños incluidos): "Las bases de apoyo del Ejército Zapatista no nos vamos a quedar así".

Sus atacantes son priístas y perredistas de Chilón que pretenden "instalar" en San Pedro Buena Vista a miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), tierras que los zapatistas recuperaron a raíz del levantamiento de 1994. "Los zapatistas ya están cansados de que los agredan. Si el gobierno no saca a los agresores, van a defender su derecho", añade.

Ahora ninguna autoridad se atreve a ir a San Pedro, pues está en manos de unos 30 hombres, muchos armados. "Son paramilitares", aseguran los desplazados. En la cabecera municipal de Sitalá, distante media hora a pie del lugar de los hechos, hay un cuartel de Seguridad Pública del estado, pero los agentes no han dado muestras de atreverse a averiguar qué sucede en San Pedro.

Un mayol (policía tradicional) del municipio constitucional de Sitalá expresa: "Esos ya no respetan. No podemos llegar ni los mayoles ni Seguridad Pública. Ya vino un agente del Ministerio Público, pero no lo dejaron pasar; los invasores le dijeron que no se piensan salir".

Las personas que encabezan el grupo invasor, Tomás Gómez Hernández y Tomás Gómez Aguilar, pertenecen a la Orcao, aseguran los desplazados. Su intención es que familias indígenas de las rancherías Sitim, Mojón Tsui y Guadalupe Xanail ocupen las casas y tierras de los zapatistas. "Llegaron con rifles, palos y machetes, y nos dijeron que teníamos dos horas para salir", refiere una joven mujer en tzeltal, pero con una elocuencia de voz y gesto que se entiende en cualquier lengua.

"Le pusieron su rifle aquí, encima de mi cabeza, y dispararon", agrega, llevándose una mano a la región parietal, en tanto que con el otro brazo sostiene a un bebé mientras lo amamanta. No deja de oscilar el cuerpo, arrullando a su hijo menor. El resto de su prole le rodea la falda, cubierta de listones de colores, característicamente tzeltal. Describe cómo la amenazaron, golpearon, empujaron y humillaron el 25 de mayo en el patio de su casa.

"Ya no tenemos milpa, café ni derechos", interviene el representante de los desplazados. Llueve torrencialmente. Ya terminaron las secas en estas tierras fértiles, no lejos de donde ocurrió la tristemente célebre matanza de Golonchán, en los años ochenta, siendo gobernador Juan Sabines. En aquella ocasión los finqueros solicitaron la intervención del Ejército federal para reprimir a sus peones. Dejando el campo lleno de indios muertos, los patrones se salieron con la suya.

Ante las denuncias de las bases de apoyo zapatistas de San Pedro, hace algunas semanas, previamente a que se consumara la expulsión, acudió a la comunidad un agente del Ministerio Público de Bachajón (también Chilón). Tomó nota de las casas y pertenencias de los pobladores. "Después ya no volvió", afirman los desplazados.

Los pobladores de San Pedro Buena Vista, que proceden de las montañas de Pantelhó, "recuperaron" las tierras de la finca Laberinto después del alzamiento zapatista y de que el propietario anterior, Gilberto Díaz, fue indemnizado por el gobierno.

En el extremo sur de la llamada zona norte del estado, cerca de los Altos, el pequeño municipio de Sitalá está ubicado entre los de Pantelhó y Chilón, en el territorio histórico de los pueblos tzeltales. Los fundadores de San Pedro Buena Vista cruzaron en 1994 el río Chacté y caminaron al oriente, más allá de la cabecera de Sitalá, para establecerse en las proximidades del extenso municipio de Chilón.

Familias indígenas de Sitalá han dado acogida a los desplazados, con el apoyo de autoridades municipales. Se trata de un ayuntamiento perredista, lo cual pone a sus autoridades en una situación incómoda. Los agresores de los zapatistas dicen estar respaldados por el alcalde de Chilón, Andrés Hernández Méndez, también perredista. Y aunque un grupo de priístas les proporcionó su mano dura, los invasores de San Pedro son miembros de Orcao (organización identificada también con el PRD, que agrupa a cafeticultores de Ocosingo y Chilón, y ha sostenido en meses recientes una cadena de conflictos con los municipios autónomos y las comunidades en resistencia de la región).

Los problemas entre zapatistas y la Orcao son del mismo corte aquí, en Francisco Gómez, Primero de Enero y Ernesto Che Guevara: tierras recuperadas que son comunales. Los orcaístas, alentados por instituciones gubernamentales, pugnan por titularlas y privatizar su beneficio. Existe un inocultable vínculo entre la Orcao, el Insitituto Nacional Indigenista (INI) y la secretaría estatal de Desarrollo Rural, cuyos delegados en la región son los anteriores dirigentes de la Orcao. Mientras Desarrollo Rural estimula las titulaciones de las tierras recuperadas (a sabiendas de que los municipios autónomos las ocupan en propiedad colectiva), el INI reparte proyectos productivos. Y la Orcao se avienta el tiro con los municipios autónomos.

En San Pedro es la primera vez que la "disputa" pasa a mayores, y los zapatistas son expulsados con violencia. Las mujeres desplazadas deploran haber dejado ropa, comida y pertenencias. Se refieren a los invasores como "ladrones", que se quedaron con sus casas, molinos, milpas y cafetales. Los orcaístas procedentes de Chilón mantienen a raya a las autoridades constitucionales de Sitalá, a la policía del estado. El mayol y los desplazados aconsejan a los periodistas no ir a San Pedro Buena Vista. Los invasores "están armados y no respetan".

A la par de su nueva beligerancia antizapatista, la Orcao (que antes respaldaba los municipios autónomos) tiene problemas internos relacionados con su oficialismo. El día de ayer, en Ocosingo, el presidente de la organización, José Pérez Gómez, así como el secretario y el tesorero de ésta, anunciaron la expulsión de Anselmo Gómez López, vicepresidente orcaísta, por "irregularidades en un proyecto de hortalizas del programa Coplanta, con un monto de 2 mil 999 pesos". Lo acusan también de difamación (ha redactado y hecho circular boletines contra ellos, como representantes, dice la dirgencia), usurpación de funciones, uso ilegal de papelería membretada y sellos. Y dicen que si Anselmo Gómez insiste en sus "calumnias", se verán en la necesidad de tomar acciones en su contra, "con base en usos y costumbres".

Orcaístas de Sibacá y otras comunidades han expresado su desacuerdo con las acciones promovidas por su organización contra los autónomos. Desde que cambió el gobierno estatal, los miembros de la Orcao abandonaron las tierras recuperadas; ahora, un año después, las reclaman, amparados en el vencimiento de un fideicomiso de 5 años, con el cual el gobierno estatal se amparaba de titular las tierras que fueron fincas y ranchos. Ahora, en cambio, el gobierno chiapaneco, mediante la Secretaría de Desarrollo Rural, impulsa la titulación (que con base en la nueva legislación agraria se volvería privatizable, merced a la "baraja china" de los programas y préstamos que obtendrían los eventuales propietarios).