Transferir al Congreso algunas facultades del Ejecutivo y darle otras, entre los planteamientos

Entrega PRD a SG propuesta de reforma del Estado

Insta también a convocar a periodo extraordinario para definir las reglas de la elección de 2003

ENRIQUE MENDEZ

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó ayer a la Secretaría de Gobernación (SG) una propuesta de reforma del Estado, e instó a que se convoque a un encuentro de los principales partidos políticos, con el objetivo de definir un periodo extraordinario de sesiones en el que se realicen los ajustes necesarios que definan "las reglas" para la elección de 2003.

Luego de una reunión de casi hora y media con el titular de la dependencia, Santiago Creel Miranda, la líder perredista, Rosario Robles Berlanga, dijo que el funcionario aceptó proponer un encuentro depresidentes de los principales partidos, y que sólo sería necesario revisar las agendas de cada uno para definir una fecha.

El periodo extraordinario, dijo, se tendría que realizar antes de julio para que los ajustes al código electoral sean aplicables para el próximo año. De otra manera, expresó, los cambios que se aprueben sólo funcionarán para las elecciones presidenciales de 2006.

Robles Berlanga consideró que en ese encuentro entre dirigentes de partidos también se tendría que discutir el tema del financiamiento, e incluso señaló que el PRD estaría dispuesto a que se le reduzca el monto entregado por el Instituto Federal Electoral.

En una entrevista posterior a la reunión con Creel -en la que también participaron el secretario general del sol azteca, Raymundo Cárdenas, y el coordinador de Relaciones Políticas y Alianzas, Ramón Sosamontes Herreramoro--, expresó la disposición perredista al diálogo, a pesar de que el partido no comparte el rumbo que la administración foxista le está dando al país.

Reprochó que el Partido Revolucionario Institucional sea el principal "obstáculo para esta reforma". Para Robles Berlanga, estos cambios deben garantizar a los partidos acceso equitativo en los medios informativos, específicamente en los tiempos del Estado "en horario triple A" en radio y televisión.

Dijo que en la reunión con Creel expusieron la demanda de que para 2003 los partidos políticos tengan la posibilidad de realizar alianzas con otras organizaciones, y postular como candidatos a ciudadanos que no militen en algún partido político.

La dirigencia perredista también aprovechó para insistir en que Gobernación asuma un compromiso para emitir una amnistía en favor de Jacobo Silva, el comandante Antonio del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, preso en el penal de La Palma, donde mantiene una huelga de hambre.

Rosario Robles señaló que se planteó a Creel la necesidad de discutir una ley de amnistía y de constituir una mesa de trabajo -por parte del PRD participará el diputado federal Miguel Barbosa- entre Gobernación y el partido, e hizo un llamado a Silva a terminar su ayuno.

En opinión del PRD, expuso, sí es viable construir esa salida en favor del erpista porque, argumentó, en México no pueden existir presos de conciencia, ni ciudadanos perseguidos por sus ideas.

Asimismo, distribuyó una carta que le entregó previamente a Creel Miranda, en la que se detalla la propuesta perredista sobre reforma del Estado.

Esta es más necesaria ahora, plantea, porque a pesar del cambio de partido gobernante "persiste el andamiaje jurídico del sistema priista" y porque, en un momento en que ningún partido tiene mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, la democracia mexicana requiere "una base firme en el sistema político".

Sugiere que al Congreso no sólo se le pueden transferir algunas de las facultades que actualmente ejerce el Poder Ejecutivo -como la ratificación de los nombramientos de los secretarios de Estado y aprobar los lineamientos de la política exterior--, sino también otorgarle nuevas atribuciones.

Entre éstas, sugiere, las cámaras de Diputados y Senadores deberían tener la capacidad de lograr la comparecencia del Presidente de la República, "bajo determinados requisitos legales, y por mandato de una mayoría legislativa", así como obligar a los integrantes del gabinete presidencial a presentarse ante el poder Legislativo "el día y la hora señalada por los legisladores, bajo pena de destitución mediante juicio político".