Desde el mes pasado, la clase política texana ha introducido en la agenda bilateral de México y Estados Unidos la exigencia de que el país pague a su vecino el supuesto adeudo de agua derivado de la aplicación de un tratado de 1944. Aunque en un primer momento el presidente Vicente Fox dio por válido el reclamo y se comprometió a saldar la deuda, en las semanas siguientes su gobierno ha estado matizando esa postura y ha caído en la cuenta de que las cosas son más complejas, y que el instrumento bilateral no necesariamente obliga al trasvase inmediato de casi 2 mil millones de metros cúbicos del vital líquido, que no hay agua suficiente en el norte del país para realizar tal operación y, sobre todo, que el pago de ese supuesto débito generaría una catástrofe humana, agrícola, económica, política y social en las entidades mexicanas colindantes con Estados Unidos.

Por su parte, la sociedad ha percibido que las autoridades federales no logran tener claro el panorama de la crisis, y tampoco, en consecuencia, comunicar claramente a la nación los términos y las implicaciones del problema con el país vecino. Por lo pronto, la tensión ha llegado a tal grado que el presidente Fox decidió cancelar su viaje a Texas, lo cual constituye un dato revelador de la magnitud del diferendo.

Este podría convertirse en un episodio de alta dificultad en las relaciones bilaterales y desplazar incluso en importancia y trascendencia los conflictos comerciales y migratorios. Cabe, ciertamente, la posibilidad de que el asunto se apague o baje de nivel en cuanto se calmen los ánimos electorales de los texanos, pero podría ocurrir también que los manejos inescrupulosos o torpes de los políticos, aunados a condiciones ambientales adversas, llevaran el conflicto a un grado de confrontación entre ambos países.

Ante esa eventualidad, lo recomendable sería que la sociedad mexicana estuviera puntualmente informada del asunto y que el gobierno federal fuera capaz de concitar la cohesión nacional para afrontar las presiones del país vecino con una resolución semejante a la mostrada por las autoridades de Coahuila y Chihuahua.

Sin afán de inducir pánicos ni alarmas, es obligado recordar las previsiones en el sentido de que los conflictos internacionales en este siglo que comienza no habrán de ser tanto por la disputa de territorios o mercados, ni por el choque de nacionalismos y religiones, sino por la posesión, el control y la apropiación de recursos hídricos. No pocos analistas internacionales han comentado el interés de Israel por conservar las fuentes de Cisjordania como una de las razones de la inveterada belicosidad de Tel Aviv contra los palestinos, y la tensión entre Turquía y sus vecinos Siria e Irak por el aprovechamiento de las aguas del Eufrates se ha convertido en una bomba de tiempo. La combinación de crecimiento demográfico, desarrollo industrial y urbano incontrolados -con sus impactos negativos sobre los recursos naturales-, así como alteraciones climáticas, provocará conflictos entre naciones y entre comunidades.

Lo sensato, ante esa predicción ineludible, es desarrollar mecanismos de negociación bilaterales y multilaterales, así como soluciones tecnológicas de ahorro y mejor aprovechamiento del líquido vital. Pero, en lo inmediato, debe buscarse que el país -sus instituciones, sus poderes y sus niveles de gobierno, autoridades y sociedad, estados y Federación- actúe de manera coordinada y unida para defender los recursos hídricos, la agricultura y la industria nacionales, así como el derecho de cada uno de sus habitantes a saciar la sed.