Cancelaría aumento salarial: líder gremial; la compañía ordenó el cierre de la planta

El sindicato minero de Cananea rechazó bono único

CRISTOBAL GARCIA BERNAL Y CAROLINA GOMEZ CORRESPONSAL Y REPORTERA

Cananea, Son., 6 de junio. Los trabajadores de la sección 65 del sindicato minero rechazaron la propuesta del Grupo México del pago único de un bono por 4 mil 500 pesos, porque cancelaría toda posibilidad de aumento salarial que fluctúa entre 10 y 11 por ciento, mismo que debió entrar en vigor desde el 27 de agosto pasado.

El secretario general de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Guadalupe Coronado Amaya, lamentó la postura adoptada por Grupo México, porque mientras mantenían las negociaciones ordenó el cierre de la Compañía Minera de Cananea.

A su vez, el gobernador Armando López Nogales confió que a la brevedad se llegue a un arreglo entre las partes en conflicto, tras sostener una reunión con los secretarios de Gobernación, Santiago Creel Miranda, del Trabajo, Carlos Abascal, y las partes involucradas en el conflicto.

El mandatario sonorense, al participar como mediador en las negociaciones, manifestó que los empresarios mineros han mejorado las propuestas de los obreros, que pretenden resarcir las prestaciones no otorgadas desde el año pasado, mediante el contrato colectivo de trabajo.

En entrevista telefónica, el dirigente sindical dijo que la propuesta del pago del bono único por 4 mil 500 pesos tenía la intención de suprimir el incremento salarial, mismo que fue rechazado pues constituía una "burla" para las demandas de los más de mil 200 trabajadores que mantienen la huelga desde el pasado lunes.

Manifestó que a cuatro días de la huelga, el movimiento ha despertado seria preocupación entre los habitantes de Cananea, debido que la actividad económica del municipio depende en 90 por ciento del consorcio minero, mismo que amenaza cerrar operaciones.

Dijo que hasta el momento existe desánimo e incertidumbre entre la población, aun cuando la situación económica de la región no se ha agravado ante la falta de circulante.

En tanto, una comisión de trabajadores mineros se reunió con la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, para solicitar el apoyo del Poder Legislativo ante la crisis que enfrentan por la amenaza del cierre de la planta.

La diputada perredista Hildelisa González Morales informó que debido que en estos momentos la actividad legislativa se encuentra "paralizada" ante la ausencia de los diputados del PAN, no pueden llegar a un acuerdo legal que valide la petición que como Congreso pudieran hacer a las autoridades del Trabajo y el gobierno federal.

Manifestó que los miembros del grupo legislativo del PRD en el Congreso del estado expresan su solidaridad y apoyo absoluto con la huelga que llevan a cabo en defensa de sus legítimos derechos como trabajadores.

Responsabilidad de autoridades laborales

Al asegurar que no hay argumentos financieros ni técnicos para que el Grupo México amenace con cerrar las minas de Nueva Rosita, en Coahuila, y Cananea, en Sonora, en respuesta a la huelga que los trabajadores sostienen desde el lunes en demanda del incremento salarial que el año pasado no se les dio, así como el correspondiente a este, Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, destacó que a diario la empresa pierde por el cese de labores 1.5 millones de dólares, mientras que responder a las demandas de sus mineros le costará apenas 2 millones de dólares.

En conferencia de prensa, Gómez Urrutia alertó que de hacerse realidad las amenazas de cierre alrededor de "2 mil 600 trabajadores se verían afectados, pero indirectamente alcanzaría a 20 mil personas que laboran con empresas que tienen actividades relacionadas con las empresas Cananea y Nueva Rosita".

El dirigente indicó que en todo el problema existe "responsabilidad directa" de las autoridades laborales, puesto que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nunca debió haber archivado los emplazamientos a huelga del año pasado". Aunque "hayan pensado que con esto apoyaban a la empresa o solapaban una actitud contradictoria a los intereses de los trabajadores, si se evitaba una revisión del contrato colectivo de trabajo".

Añadió que en las negociaciones con la empresa, Carlos Abascal Carranza, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha abogado porque "ambas partes hagamos el mejor esfuerzo para encontrar la solución".a