El gobierno debe resolverlos para evitar más enfrentamientos, plantea la ANIPA

Enfrentan indígenas más de 22 mil conflictos agrarios

ALMA E. MUÑOZ

El gobierno federal cuenta con un diagnóstico en el cual se reconoce que 52 grupos lingüísticos del país enfrentan más de 22 mil conflictos agrarios, informó Carlos de Jesús, coordinador general de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), quien dudó que esa cifra represente verdaderamente el problema que por esta causa padecen esos mexicanos.

En entrevista, el dirigente conminó a las autoridades a resolver de manera urgente aquellos casos que están en espera de una resolución jurídica, "como una medida precautoria" para evitar enfrentamientos similares al ocurrido el viernes pasado en el paraje de Agua Fría, Oaxaca.

De acuerdo con los datos proporcionados por De Jesús, los conflictos son por tenencia de la tierra, rezagos administrativos y disputa por la explotación de recursos naturales. La mayoría se ventila ante los tribunales agrarios o con conocimiento de la Procuraduría Agraria.

"Pugnas como éstas prevalecen en varias partes donde la ANIPA tiene presencia -en 54 de los 62 pueblos indígenas oficialmente reconocidos-, pero el gobierno debe entender que más allá de una resolución jurídica se requiere una política de diálogo y reconciliación, porque para los indígenas esa es la mejor forma para resolver los asuntos".

De acuerdo con el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PNDI) 2001-2006, "la inseguridad en la posesión de tierra", en especial con ese grupo social, conduce a la "apropiación de los recursos naturales, la explotación ilegal de los bosques, la biopiratería y actos de despojo e invasión que ponen en riesgo el patrimonio de muchos ejidos y etnias".

El documento indica que las comunidades cuentan con 26.9 millones de hectáreas rústicas, y en los municipios con más de 30 por ciento de población indígena existen más de 6 mil núcleos agrarios: 79 por ciento como ejidos, 19 como comunidades y el resto como propiedad privada. Oficialmente, sólo 58.9 por ciento de los terrenos de los indígenas está regularizado, razón por la cual el gobierno reconoce que los conflictos agrarios "de mayor dificultad y sin definitividad jurídica" se ubican en esos poblados, ya sea por causas limítrofes, exclusión de pequeñas propiedades o sobreposición de planos. Sin embargo, la ANIPA considera que los móviles incluyen la ignorancia de esos grupos respecto de las zonas consideradas federales.

Las autoridades aceptan en el PNDI que es necesaria una "atención especial", por el "riesgo social" que entrañan derivado de las disputas referidas, las comunidades chimalapas y los poblados del noroeste de Cintalapa, en Chiapas-Oaxaca; la región huichol de Jalisco-Nayarit; los pueblos de Santa Teresa, El Nayar, San Francisco de Ocotán y Mezquital, en Durango-Nayarit; la zona Lacandona, Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, en Chiapas; la meseta Purépecha, de Michoacán; San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Lalana y "sus anexos", en Oaxaca; y en Sonora la región yaqui, Cajeme, Guaymas y Bacum.

Carlos de Jesús urgió el establecimiento de una política social interinstitucional, con carácter de urgente, para comprender las diferencias culturales y, sobre todo, mantener la conciliación como principio rector para la solución de diferendos.

A los indígenas, afirmó, el contar con títulos de propiedad, incluso desde la época de la Colonia, les da derecho absoluto sobre el suelo que habitan sin importar que los terrenos, incluso por disposición presidencial, se otorgaran a terceros.

Aunque en 1994 el gobierno dio por concluido el rezago agrario, indicó que más de 40 por ciento de los núcleos indígenas están en espera de una resolución jurídica a su favor.

Después de los hechos violentos en Oaxaca, subrayó el dirigente, se requiere una nueva revisión en la materia en busca de recomponer el tejido social pues a pesar de que las autoridades reconozcan la existencia de 22 mil 296 conflictos agrarios, "hay casos que ni siquiera son documentados porque oficialmente no se consideran graves".

Confió en que el Ejecutivo federal atienda de manera inmediata los asuntos, porque "cuando los indígenas ven un proceso lento de resolución e incluso están en desacuerdo con los fallos, irremediablemente entran en enfrentamientos ya sea entre ellos mismos o con terceros, sean pequeños propietarios, empresarios e incluso el gobierno".