Las erogaciones con recursos presupuestales, inviables a futuro, dice la ANUIES

Urge reformar el sistema de pensiones y jubilaciones en universidades públicas

JOSE GALAN

Treinta universidades públicas enfrentan una carga de 77 mil millones de pesos por el pago de pensiones y jubilaciones, que representa 1.3 por ciento del PIB, y sin una reforma estructural deberá agregarse el pasivo que provocarán las nuevas generaciones de trabajadores, calculado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 125 mil millones de pesos, eso sin contar a otras 40 universidades no consideradas en los estudios de esas dos instancias.

Este panorama ha llevado a los sindicatos universitarios a exigir a las autoridades de educación superior, educativas federales y locales, la realización de análisis conjuntos sobre la viabilidad de los cambios propuestos por la ANUIES y la SEP respecto del establecimiento de una edad y antigüedad laboral fijas para establecer los montos de las pensiones y las jubilaciones.

Actualmente hay 11 trabajadores por cada pensionado en promedio; 8 mil 609 trabajadores docentes y administrativos con derecho a pensionarse, contra 7 mil 913 ya pensionados; en pocos años habrá cinco trabajadores por cada pensionado y, en algunos casos, un trabajador por cada pensionado.

Hasta ahora, casi la totalidad de las erogaciones evaluadas se cubren con recursos presupuestales, "aunque el crecimiento previsible de dichas adjudicaciones hará inviable continuar con esta práctica", advirtió la ANUIES en su análisis sobre la situación.

Las cuotas y aportaciones o primas en promedio del conjunto de las universidades son de 2.8 por ciento de las nóminas del personal activo, mientras que los resultados de la evaluación actuarial encargada por la ANUIES indican que deberían ser de 43.6 por ciento, es decir, 15 veces mayores que las actuales. "El diseño actual de los sistemas de pensiones es un grave problema de viabilidad institucional: se requerirá más de 100 por ciento de su presupuesto global para hacer frente a los compromisos sustantivos y al pago de esos beneficios", advierte la ANUIES.

Para los sindicatos universitarios, sin embargo, la propuesta de la ANUIES de modificación de los términos de la pensión para las nuevas generaciones, que considera que el derecho a la jubilación por edad y antigüedad se obtendría cuando la suma de los años por esos dos conceptos sea igual o mayor a 98, así como el establecimiento de un salario regulador para el cálculo de pensiones, presentaría "presiones adicionales en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo".

Incluso, la posibilidad de establecer mecanismos que permitan al trabajador que se retire sin derecho a pensión trasladar parte de sus aportaciones, incluyendo intereses, a otra institución de Seguridad Social, despierta "desconfianza entre los sindicalizados por el lamentable estado de prácticamente todas las instituciones de seguridad social", afirmó una fuente del Frente Amplio de Sindicatos Universitarios (FASU), que agrupa a las tres principales corrientes de trabajadores universitarios: la Censues, la Contu y la Fasues.

Por ello, la insistencia de los gremios universitarios en que se debe establecer un diálogo "amplio" con autoridades de las instituciones y de la SEP para lograr "un acuerdo tripartito que defienda los intereses del trabajador".