Luis Hernández Navarro

Cortocircuito

Aunque líderes empresariales y legisladores del PAN aún no se hayan dado cuenta, la electricidad es un asunto peligroso no sólo para los linieros que trabajan arriba de una torre de transmisión de 230 kilovoltios. De insistir en reformar la Constitución para privatizar el sector eléctrico, corren el riesgo de electrocutarse.

Y es que después de la escandalosa quiebra de Enron, del incremento desproporcionado de las tarifas del fluido en California, de los continuos apagones en Brasil y Argentina, del escándalo con los subsidios a las grandes empresas eléctricas en España, de la tendencia a la monopolización del servicio en Gran Bretaña y de la falta de acuerdo para avanzar en la desregulación de esta rama económica en la última cumbre de la Unión Europea, lo menos que sentirán quienes impulsan la entrega de esta rama económica a empresas extranjeras serán toques.

Los desreguladores andan en aprietos en todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, sufre a raíz del escándalo de Enron la caída de una nueva Torre Gemela. La compañía modelo de la desregulación eléctrica, el santo más venerado en el templo empresarial, la vida ejemplar a replicar en el mundo corporativo, la experiencia emblemática de la superioridad del libre mercado es hoy un pesado y maloliente cadáver que no puede ser escondido en los closets de la Casa Blanca.

Pero él no es el único. Su vecino y amigo, Vicente Fox, también está en aprietos. Ofreció al capital trasnacional privatizar el sector eléctrico sin acuerdo con el Congreso y a pesar del fuerte rechazo popular a la medida. Junto con ellos se encuentran políticos de todo el mundo, corredores de bolsa, profetas del neoliberalismo, comisionistas, banqueros, empresas de ingeniería, organismos financieros multilaterales y vendedores de equipo.

La privatización eléctrica, que dio inicio en la década de los 90, ofreció a consumidores y naciones un espejismo de bajos costos, alta eficiencia y satisfacción de una demanda creciente. Salvo excepciones notables, como la que se vive en los países nórdicos, los resultados han sido completamente diferentes. Más que solucionar problemas ha creado nuevas dificultades.

Excepto aquellos países donde se ha cambiado la generación basada en el carbón por la producida en plantas de ciclo combinado, los precios de la luz se han incrementado y sufren gran volatilidad. Los apagones, o la amenaza de sufrirlos, provocados por falta de mantenimiento a equipos e instalaciones por parte de empresas privadas que privilegian la obtención de ganancias rápidas a corto plazo, se han hecho frecuentes. Los sistemas de transmisión se han tensado al punto del colapso. El mercado se ha monopolizado nuevamente, pero ahora por compañías privadas, cuyo fin no es brindar un servicio público, sino obtener beneficios.

Profesionales en el campo de la energía como Robert Sansone y el editor de la revista Power Energy, Rob Swanekamp, advierten en Estados Unidos otras consecuencias no esperadas de la desregulación y que son poco conocidas por la opinión pública.

Ante la demanda creciente de turbinas de gas para las plantas de ciclo combinado, estimulada en parte por la creciente competencia entre generadores de electricidad, los fabricantes introdujeron nuevas tecnologías que no estaban suficientemente probadas. En consecuencia, muchas turbinas fueron producidas defectuosamente. Los compradores respondieron entablando demandas legales. Las aseguradoras sufrieron fuertes pérdidas financieras. Por cada millón de dólares obtenido por concepto de premios y primas tuvieron que gastar 3 millones en juicios y pago de indemnizaciones.

Los reacomodos del mercado produjeron una racha de adquisiciones y quiebras financieras en compañías de ingeniería, compras y construcción que obligó a empresas, que anteriormente diseñaron y construyeron plantas de energía monumentales e innovadoras, a cancelar nuevos proyectos de construcción y a despedir a sus ingenieros.

Multitud de nuevos proyectos de construcción de plantas de ciclo combinado se han suspendido y cancelado, provocando acumulación excesiva de turbinas de gas, con lo que una mercancía que antes tenía mucha demanda se está transformando en un lastre financiero.

La desregulación ha incentivado el máximo aprovechamiento del equipo, la extensión de las jornadas de trabajo, el uso intensivo de los equipos y la reducción de la inversión en mantenimiento con un grave saldo: el incremento en la frecuencia de cierres forzosos de plantas de energía y accidentes laborales.

El presidente Fox, los legisladores del PAN y la cúpula empresarial se empeñan en ignorar las lecciones del fracaso de un modelo. Pretenden desconocer que el sistema eléctrico mexicano es uno de los más eficientes del mundo. Quieren entregar un servicio que pertenece al pueblo mexicano a intereses privados. Desconocen que los kilovatios no son una mercancía como cualquier otra y que el sector eléctrico es un monopolio natural que requiere desempeñarse como un servicio público, no como negocio privado. Manejar la electricidad es un asunto complicado. Su ceguera provocará, por lo menos, un cortocircuito.