Ordena juez a la empresa paraestatal suspender recaudaciones en Mexicali

Movilizaciones de usuarios contra la CFE en el norte del país por las nuevas tarifas eléctricas

En Monterrey, huelga de pagos para "frenar los cobros desmedidos, ilegales y arbitrarios"

JORGE CORNEJO Y DAVID CARRIZALES CORRESPONSALES

Un total de 224 usuarios del servicio doméstico de energía eléctrica de Mexicali, Baja California, obtuvieron la suspensión provisional de un juez federal, al que solicitaron un amparo contra el pago de la tarifa 1F que es aplicada desde el 16 de mayo por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la capital bajacaliforniana.

El juez tercero de distrito de Mexicali, Francisco Javier Rocca, ordenó la suspensión inmediata del cobro de la nueva tarifa a los usuarios que firman la solicitud de amparo, en tanto se resuelve de manera definitiva el juicio, según informó Luis Alfonso Vargas, integrante del frente mexicalense contra las tarifas de la paraestatal, que conforman organizaciones civiles.

La demanda de amparo es contra actos del presidente Vicente Fox Quesada, del gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy Walther, del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y del director general de la CFE, Alfredo Elías.

Gustavo Magallanes, jefe de información de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, confirmó que la notificación de la suspensión provisional fue recibida por las autoridades estatales incluidas en la demanda.

El documento protege a los usuarios que demandaron contra actos del Congreso de la Unión, los secretarios de Energía y Economía, el gerente regional de la CFE y el Congreso del estado de Baja California, como autoridades responsables de causar daño a los usuarios por el establecimiento de la tarifa 1F.

Estas autoridades deberán rendir al juez un informe justificado en el que expliquen su responsabilidad y participación en el establecimiento de la tarifa eléctrica, según se asienta en el resolutivo del juez.

La demanda se sustenta en que la tarifa 1F no es equitativa, como ordena el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución.

Según los demandantes, al titular de Hacienda no corresponde establecer las tarifas de electricidad que deberán pagar los usuarios, sino a la Cámara de Diputados, por lo que la nueva tarifa es anticonstitucional.

Los defensores, encabezados por el presidente y vicepresidente del Colegio de Abogados, Daniel Solorio Ramírez y Felipe Mosso Valdez, respectivamente, sostienen que la 1F vulnera, además, los derechos humanos de los inconformes.

Por otra parte, en Monterrey, Nuevo León, usuarios de la CFE de la zona metropolitana, se declararon en "huelga de pagos" ante la imposibilidad de cubrir el monto de los recibos del último bimestre, que sufrieron modificaciones en los precios que van de 100 hasta 600 por ciento.

Los inconformes, agrupados en la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos, que coordina Gregorio Vanegas Garza, precisaron que el grado de afectación de los incrementos alcanza a más de 510 mil hogares, con alzas que van desde 100 hasta 600 por ciento, dándose el caso de familias que tendrían que pagar por concepto de luz eléctrica más de lo que reciben como ingreso total mensual.

Los colonos de diversos municipios del área metropolitana acudieron al Congreso estatal y recibieron el apoyo de los legisladores, del PRI, PRD y PT, a quienes solicitaron de manera su intervención ante la CFE a fin de "frenar los cobros desmedidos, ilegales y arbitrarios".