Agotados los recursos, lleva el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Aboga una madre por la libertad de su hijo; no tuvo asistencia jurídica adecuada, denuncia

Padece asma desde los ocho años y teme que se agrave por las condiciones de la celda

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Cuando Oswaldo salió de su domicilio la mañana de su vigésimo cumpleaños, después de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas toda la noche y se enfrentó a quien pensó estaba agrediendo a sus amigos, nunca imaginó que su acción lo llevaría a purgar una sentencia de 11 años tres meses de cárcel y el pago de una multa de 20 mil 160 pesos.

En realidad sus tres vecinos estaban asaltando a un transeúnte y su intervención sólo sirvió para facilitar la huida de los verdaderos culpables al ser sorprendidos por la policía.

Y aunque el monto de lo robado -una billetera con 750 pesos y un radiolocalizador- no asciende a más de mil 650 pesos, el juez 50 penal, José Eligio Rodríguez Alba, calificó el tipo penal como "robo específico" con la hipótesis: "cometido por más de dos sujetos, sin importar el monto de lo robado, mediante violencia".

Lo acusaron también de un segundo robo que sus "amigos" habían cometido minutos antes cerca de donde fue detenido. La víctima de ese primer robo, Alberto Hernández Aguilar, un trabajador de la Compañía de Luz y Fuerza, pidió incluso al juez retirar los cargos, pero el delito por el que fue consignado se persigue de oficio y no es posible extinguir la acusación por esa vía.

Ahora Oswaldo tiene 22 años, el mes próximo cumple 23, y a decir de su madre, Marcela Olivares, ya se resignó a la sentencia, pues aunque dice tener la conciencia tranquila, se siente culpable por la imprudencia de su actuación en el estado en que se encontraba: "Dice que es una lección que le deja el alcohol".

Cuando esto pasó, Oswaldo Noé, asmático desde los ocho años de edad, estudiaba la carrera técnica de modelismo y fundición en el Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales y trabajaba con un decorador de interiores que le pagaba 150 pesos diarios.

Después del proceso y agotados todos los recursos judiciales posibles, si no para demostrar su inocencia al menos para tratar de reducir la pena que dictó el juez, Marcela llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues asegura que hubo irregularidades en el procedimiento desde que se inició la averiguación previa en la agencia 4 del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pues en ningún momento se garantizó la debida asistencia jurídica a su hijo.

Incluso durante el proceso penal uno de los abogados contratados para la defensa dejó el caso en plena audiencia sólo porque se pidió a otro litigante que coadyuvara en el proceso. Otro le pidió 35 mil pesos para llevar a comer a todos los del juzgado, y en ningún momento se ofrecieron testigos de descargo, como los comerciantes que fueron testigos presenciales de los hechos.

Ahora ella está convencida de una cosa, lo cual incluso siente como algo natural del sistema de procuración y administración de justicia que envuelve por igual a policías, agentes del Ministerio Público, jueces y abogados, y que es el imperio de la corrupción.

Lamenta sobre todo el caso de estos últimos, pues considera que resultan ser peor que delincuentes al engañar y abusar de personas que, como ella, inducidas por la desesperación de ver a su familiar tras las rejas, llegan a vender desde el televisor hasta la casa que habitan para pagar sus servicios.

Incluso quien acusa a su hijo, Alberto Hernández Aguilar, en ese entonces dijo que era pasante de la carrera de Derecho y quiso negociar por fuera el desistimiento de la acusación. Afuera de la agencia del MP le dijo: "Vete a tu casa, tráeme 3 mil pesos y retiro la denuncia". Ella aceptó conseguir el dinero, pero le dijo que consideraba injusto que tuviera que pagar por algo que su hijo no hizo. Más tarde el denunciante dijo que ya no haría el trato porque si se echaba para atrás lo iban a acusar a él de declarar en falso a la autoridad.

La semana pasada recibió una notificación de la CIDH en la que le solicitan más información del caso de su hijo. Mientras tanto piensa buscar otra salida, pues le preocupa la salud de su hijo, a quien le diagnosticaron asma desde los ocho años. Mensualmente tiene que suministrarle dosis de un medicamento llamado diprospan, que ella misma le lleva al Reclusorio Oriente, donde se encuentra recluido.

En una celda con 15 internos más, la mayoría de los cuales fuma, y sin las mejores condiciones higiénicas, teme que su salud se deteriore por lo que buscará con las autoridades penitenciarias acreditar la incompatibilidad de la pena corporal con su estado de salud y buscar con esto la posibilidad de que se sustituya la sanción, ya sea con trabajo o tratamiento en semilibertad.

Piensa que el buen comportamiento que ha mostrado su hijo en prisión, el hecho de que continúa estudiando y al mismo tiempo trabaja realizando objetos artesanales en madera y repujado, pueden ayudar en dicha conmutación.