El fisco deja de recaudar cada año 600 mil millones de pesos debido a la evasión del pago de impuestos de empresas, según lo ha reconocido el propio titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz. El monto supera los 60 mil millones de dólares anuales que, comparados con los 12 mil 283 millones de dólares de inversión extranjera directa que recibió nuestro país en 2001, resulta ser una cifra récord.

En pocas palabras, el faltante en el ingreso nacional provocado por la evasión es cinco veces mayor al ingreso de dinero "fresco" (que, por otra parte, no alcanzó a cubrir más que 70 por ciento del déficit en la cuenta corriente de 2001, la cual superó ligeramente los 17 mil 400 millones de dólares).

El país se desangra año con año, sin embargo, la carencia de recursos nacionales, que se reclama, por ejemplo, para abrir los sectores energéticos al capital extranjero, serían inexistentes si el ahorro nacional y la recaudación impositiva funcionaran adecuadamente.

Pero el primero se desploma por el debilitamiento de los salarios reales y la consiguiente reducción del mercado interno, en tanto que la segunda sufre los efectos combinados de una política recesiva y monetarista, y de la actual dificultad, legal y organizativa, en que se encuentra la SHCP para identificar a los grandes evasores y obligarlos a cumplir con sus responsabilidades fiscales.

Asimismo, la prioridad dada al pago de deuda con una moneda fuerte estimula las importaciones, lo cual genera, además del déficit mencionado, el cierre de miles pequeñas y medias empresas y comercios que no pueden enfrentar la competencia extranjera.

Por otra parte, los despidos que engrosan las filas del sector informal y reducen las contribuciones que corresponde pagar a los patrones y a los propios asalariados, así como la fuga de capitales nacionales al extranjero (hasta el momento se tiene noticia de 47 mil millones de dólares depositados por mexicanos en Estados Unidos) enturbia el destino de los recursos que deberían ingresar a las arcas nacionales vía impuestos.

Esto contribuye poderosamente a que el país siga siendo un exportador neto de las divisas que tanto necesita para su desarrollo, para salvar al campo, para mejorar la educación, para elevar el nivel de vida, reduciendo la inseguridad y la violencia, o para modernizar las empresas estratégicas del Estado.

Si a este panorama se agrega la visión que domina una parte importante del empresariado mexicano, según la cual el objetivo principal del sector productivo es la generación de intereses, da la impresión que el Estado que subvenciona a los banqueros con dinero de los contribuyentes (el IPAB cuenta con pasivos que ascienden a 788 mil 304 millones) peca de una generosidad ilimitada y recursos inagotables.

¿Por qué habría de extrañar, entonces, el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, sólo para no ser menos que la banca que además es predominantemente extranjera?

La prevalecencia de la evasión y defraudación fiscales, pese a la detención de 33 empresarios durante esta administración, es un indicio claro que este ilícito no se resolverá únicamente con medios policiales y llamados al patriotismo, pues es, en lo esencial, una cuestión política y ética, que se relaciona con la concepción sobre el tipo de país que se quiere construir y su futuro.

Forma parte, además, de la necesidad de revertir una política deflacionista que no fomenta el mercado interno y por lo tanto reduce los ingresos y el ahorro nacionales. Las venas fiscales están abiertas y antes que nada es prioritario suturarlas.