Miembros de UNAM, IPN y UAP, contra los montos asignados al sector
Critican académicos presupuesto a educación
KARINA AVILES Y DAVID ZUÑIGA ENVIADOS
Puebla, Pue., 23 de mayo. Miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) lanzaron severos cuestionamientos al gobierno federal al señalar que "las prioridades" en materia educativa se reflejan en hechos como la reducción del presupuesto al sector.
Algunos dijeron que la insuficiencia de recursos tiene que ver con la "ceguera dogmática" de atribuir toda racionalidad al mercado, y pidieron que el Legislativo sea la instancia que sancione cualquier ajuste al presupuesto educativo con el propósito de evitar que el Ejecutivo "mueva arbitrariamente" el gasto destinado al sector.
En el 14 Congreso Nacional de Economistas, Armando Labra Manjarrez, representante del rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, destacó que de 1990 a 2001 el gasto federal en educación superior fue de 411 mil millones de pesos, que representan apenas 12 por ciento de los recursos destinados al servicio de la deuda externa en ese lapso. "Ahí se ven las prioridades del país", subrayó.
Actualmente, añadió, el presupuesto federal para educación superior significa menos de 0.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), en tanto que el costo financiero de la deuda pública alcanza 3.6 por ciento del mismo indicador, es decir, cinco veces más.
En las últimas tres décadas el sistema de educación ha tenido un crecimiento que supera al acumulado en toda la historia de la nación. Entre 1970 y 2001, el número total de instituciones de educación superior pasó de 109 a mil 211 y la matrícula aumentó de 200 mil a 2.2 millones de estudiantes, apuntó.
Sin embargo, agregó, con un aumento de 11 veces en el número de instituciones y de nueve en la población escolar, los recursos federales para el nivel superior apenas se incrementaron en tres y medio veces como porcentaje del PIB.
Por todo lo anterior, planteó establecer una meta sexenal para el presupuesto público destinado a la educación superior como porcentaje creciente del PIB, y reiteró la propuesta de De la Fuente en el sentido de que el Poder Legislativo es la instancia que debe sancionar cualquier ajuste al presupuesto educativo que proponga el Ejecutivo.
Lo anterior, expuso, con el propósito de que el Ejecutivo "no pueda mover arbitrariamente el presupuesto a la educación, una vez que ya lo aprobó el Congreso". De esa manera, dijo, se podrá garantizar "la congruencia entre el discurso político y la asignación de recursos a la prioridad educativa".
En la conferencia sobre educación superior y su vinculación con el desarrollo económico, que se realiza en esta ciudad, Rocío Huerta, académica del IPN, acusó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de condicionar y tener una "actitud confiscatoria" de los recursos que destina el gobierno federal a esa institución.
En su turno, el rector de la UAP, Enrique Dóger, destacó que las prioridades se reflejan en hechos, que si no se traducen en presupuesto, "son demagogia". También destacó la desigualdad en el sector. Por ejemplo, dijo, la Universidad del Mar tiene un subsidio por alumno de 85 mil pesos mientras que en Oaxaca ese índice es de 9 mil pesos.
Por otra parte, señaló que en la última década la educación privada creció significamente, lo que quizá tiene una relación con las políticas neoliberales. "De pronto las instituciones privadas son más, aunque las públicas atienden a siete de cada 10 alumnos en el nivel superior", dijo.
Dóger estacó que México se ha mantenido prácticamente "en una línea horizontal" en materia educativa durante los últimos 30 años.
En tanto, el director de la Facultad de Economía de la UNAM, Roberto Escalante, expresó que no sólo se necesita una política de Estado que permita a las universidades públicas tener la posibilidad de planear su desarrollo y tener una distribución equitativa de los recursos, sino que también las instituciones de educación superior deben hacer una reflexión sobre asignación eficiente de los recursos.